En sesión del Concejo de Santa Marta la cabildante Ginna Sarmiento, exigió acciones y pronunciamientos por parte de la Asamblea del Magdalena con relación a los funcionarios que fueron denunciados por presunto abuso a mujeres.
En la sesión ordinaria del Concejo Distrital de este lunes 15 de enero, la concejal Ginna Sarmiento expuso su intranquilidad debido a que en la Gobernación del Magdalena han suscitado serias acusaciones de abuso sexual dirigidas a dos de sus altos funcionarios.
Fabián Bolaño, Secretario de Despacho, y Edwin Bravo, jefe de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, se encuentran en el ‘ojo del huracán’, enfrentando señalamientos que podrían tener consecuencias significativas para sus carreras y la reputación de la institución.
Detalles de las acusaciones
La primera acusación, dirigida a Fabián Bolaño, proviene de María Alejandra Rojas Aguilar, quien públicamente lo señala como responsable de un abuso sexual del cual fue víctima en diciembre de 2018. Rojas Aguilar, excandidata a la Cámara de Representantes por Fuerza Ciudadana, ha presentado pruebas y ha llevado el caso a instancias legales. Según el testimonio de Rojas Aguilar, los hechos ocurrieron durante un encuentro de jóvenes del partido en Bogotá. La denunciante afirma haber sido drogada y abusada sexualmente por Bolaño, quien actualmente ocupa una posición clave en el gabinete del gobernador Rafael Martínez.
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Reacciones y demandas de renuncia
La Concejal Gina Sarmiento ha tomado la delantera en este escándalo, utilizando sus redes sociales para exigir respuestas y acciones concretas. Sarmiento no solo pide la renuncia de Bolaño, sino que también destaca la gravedad de asignar a alguien con acusaciones de abuso sexual a un cargo público. Por otro lado, Edwin Bravo, jefe de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, enfrenta denuncias de funcionarias de la Gobernación. Estas mujeres afirman que Bravo realizaba actos con “pretensiones sexuales” a cambio de mantener contratos laborales.
Llamado a la justicia y urgencia en las decisiones
Las acusaciones han generado un llamado unánime a la justicia y la urgencia de abordar estas denuncias con la seriedad que merecen.
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La situación pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones del Magdalena y destaca la importancia de abordar de manera justa y transparente cualquier denuncia de abuso sexual en el ámbito público.
El escándalo no solo amenaza la reputación de la Gobernación del Magdalena sino que también resalta la necesidad de políticas más estrictas y procedimientos transparentes para abordar acusaciones de esta índole.
La Asamblea del Magdalena y otros órganos de control enfrentan la responsabilidad de manejar adecuadamente esta situación, demostrando a la comunidad que ninguna forma de abuso será tolerada en la administración pública.
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