Mientras el presidente Petro expresa su beneplácito para que la Onu apruebe a Palestina como Estado y celebra la determinación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, de expedir una resolución para exigir un cese al fuego, como iniciativa suya, Colombia sigue inmersa en una terrible situación de orden público que ha rebosado todos los límites.
El país entero esta en manos de los subversivos gracias a que el presidente está más inmerso y preocupado con lo que suceda entre Israel y Palestina y mientras el país que dice gobernar, se desangra y pide a gritos que el Estado sea protector de la vida y de los bienes de los colombianos, como obliga la Constitución colombiana y más al presidente de la república, que tiene que velar por ese mismo cumplimiento.
El departamento del Cauca ha sido blanco de todas las acciones de los guerrilleros y bandidos al margen de la ley; los audios de los soldados de la patria, rogando a que les salven la vida y otras situaciones, parten el corazón y el alma de los colombianos, que impotentes, ven y oyen los relatos desgarrados de la guerra en nuestro país.
En este orden de ideas, unas 3.350 personas que viven en doce comunidades el municipio de Bojayá, en el selvático departamento del Chocó, permanecen en confinamiento prolongado por el control que ejercen las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc, también llamadas “Clan del Golfo”.
En esta zona aislada persiste la siembra de minas antipersonal, hay lideresas y líderes amenazados, el control territorial y social ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia cada vez es mayor, no cesa el reclutamiento de menores de edad, entre otras problemáticas, que solamente, ratifican, en forma dolorosa, la triste realidad de orden público colombiano.
Son 3.347 personas, de 830 familias, las confinadas; la mayoría de ellas pertenece al pueblo Embera, que sufren el embate de la violencia irracional de los subversivos gracias a que la acción del Estado, la mano ayuda, de apoyo y protección, es ineficaz.
En estas doce comunidades campesinas e indígenas, cuando las personas se arriesgan a salir a comprar víveres o ir a sus lugares de trabajo son extorsionadas en varios puntos donde hay retenes de este grupo criminal, además, las mujeres han sido requisadas y despojadas de sus pertenencias íntimas, actos propios de estos desalmados y guerrilleros.
A las mujeres las requisan y las despojan de sus pertenencias íntimas y algunas han manifestado que quieren suicidarse, que no soportan más la degradación a la que están siendo sometidas y si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro y siente mucho terror y temor. La pregunta es, ¿dónde está la institucionalidad, ¿dónde están los cuerpos de seguridad del Estado?
Además, el grupo armado tampoco deja salir los cargamentos de plátano de los que dependen económicamente los pobladores de este territorio y las prestaciones de salud en la zona son insuficientes. El confinamiento, impuesto por grupos armados ya sea a través de amenazas directas o porque sus territorios son rodeados por minas antipersonales o por combates, ha aumentado alarmantemente en Colombia en los últimos años.
En 2023, según cifras de la Defensoría del Pueblo, ocurrieron 215 eventos de confinamiento que afectaron a 18.356 familias, más de 66.000 personas, lo cual significa un incremento del 63 % en comparación con 2022, cuando se registraron 132.
