Asamblea Constituyente: antidemocrática e inconstitucional

Editorial
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Los primeros defensores de la Asamblea Constituyente que el presidente Petro quiere implementar e imponer, son dos izquierdistas recalcitrantes, cuales son Álvaro Leyva y Eduardo Montealegre; el primero pasó de ser el secretario privado del extinto expresidente Misael Pastrana a convertirse en el primer fariano “decente”.

Miembro de la sociedad bogotana, hijo de Jorge Leyva, exministro sobresaliente de obras públicas de la administración de Laureano Gómez, ha sido un agente y promotor de la paz con las Farc y vinculado desde hace largo tiempo con ese grupo subversivo. Ha sido enlace de familias de secuestrados por ese grupo; negociaba sus entregas; pasó de ser conservador a la extrema izquierda, al estilo del expresidente Belisario Betancur.

El segundo, se inició en la esfera política como presidente de la federación comunista de estudiantes;  siguió en esa órbita y logró llegar a la Fiscalía General y con otro marxista, Iván Cepeda, y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, de la misma ideología, son los que se han ido lanza en ristre contra el expresidente Uribe con el objetivo de hacerlo encarcelar sin que haya pruebas fehacientes.

Ahora tienen de su lado a la nueva fiscal que tan pronto como se posesionó lo primero que hizo fue enfilar las baterías al expresidente Uribe y nombró un fiscal que trabajó con Montealegre; por consiguiente, le abrió investigación, contradiciendo las dos decisiones de los fiscales nombrados en la fiscalía en cabeza de Francisco Barbosa en las cuales se absolvía al expresidente.

Montealegre en la época en que recibió contratos con Uribe era obsecuente, luego pasó a endilgarle de genocida y ahora se considera víctima del expresidente.

En su paso por la Fiscalía dejó traslucir sus abusos y gastos excesivos y superfluos, verbigracia 30.000 millones en la creación de una universidad y jugosos contratos a consejeros de estado como contraprestación a su apoyo para ese alto cargo.

El primer mandatario respecto de la Asamblea Constituyente hoy dice una cosa admitiendo tal posibilidad y luego niega haberse referido a ella; a él no se le puede creer, pues sabemos que es un psicópata mitómano.

Valga la verdad y sobre ello no nos cabe la menor duda de que el presidente Petro quiere seguir en el poder. Ha manifestado que necesita su gobierno del cambio más de un período; empero para efectos de su sui generis constituyente, también ha hecho ver que no lo hará por los cauces insertos en la carta magna.

Siendo, así las cosas, estaría violando nuestra normatividad constitucional y se valdría del respaldo de las fuerzas subversivas cuyas voces al unísono están identificadas con Petro. Hay que sumar las guardias mingas indígenas; las asociaciones campesinas; Fecode; los universitarios y todos los leninistas que giran alrededor de esa causa.

Ha hecho una convocatoria en Bogotá para ese fin la cual tendría lugar entre 17, 18 y 19 de julio; es decir, se encuentra abierta y públicamente en contravía de los preceptos constitucionales que son muy claros al respecto.

Se están basando el presidente, Leyva y Montealegre en el tratado de paz con las Farc, puesto que en ese documento se hace referencia a un acuerdo nacional.  Sin ahondar demasiado sus argumentos tienen poco peso legal, pero crean confusión en la gente y felizmente los versados constitucionalistas, se han manifestado en contra de esa tesis que carece de fundamento jurídico.

El expresidente Santos, a través de los medios de comunicación en varias entrevistas, se ha pronunciado en contra de esa teoría. Envió una carta a la ONU explicando el contenido del pacto de La Habana y resaltando que con base en ese acuerdo, no se puede convocar a una constituyente, como pretende el primer mandatario de la nación.

Todos los expresidentes, Uribe, Gaviria, Pastrana, Duque e igualmente los más cercanos ideológicamente a Petro, Samper y Santos en relación con este tema han sido claros, categóricos y directos, en el sentido de no solo rechazar la idea presidencial sobre la constituyente, sino que les parece un absurdo jurídico; eso mismo piensan los asesores en ese proceso de paz, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo.

Uribe, Santos, Duque y Pastrana opinan que, de sucederse ese hecho político y jurídico, las fuerzas militares estarían en el deber de oponerse y por tanto no permitir esa violación de la constitución de la cual son sus garantes.

Infortunadamente el presidente es terco, no sabe de cuestiones jurídicas, ni quiere entender las posiciones razonables y valederas de los juristas. Tan solo atiende la cartilla de Chávez, quien actuó de esa manera, ya que los razonamientos chavistas predominan en la mente del jefe de Estado.

No podemos de ninguna manera aceptar una violación flagrante de nuestra Carta Magna.