La medida disciplinaria se fundamenta en irregularidades relacionadas con la destinación de recursos, específicamente alrededor de $4 mil millones pertenecientes al Sistema General de Participantes en salud.
En un pronunciamiento, la Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado por nueve años al exgerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Alejandro Próspero Reverend, Omar de Jesús Suárez Prasca, quien ejerció sus funciones entre los años 2016 y 2019 en Santa Marta.
La investigación llevada a cabo por el ente disciplinario reveló que Suárez Prasca, en su papel de servidor público, autorizó adiciones y modificaciones en la ESE durante el año 2017. Estas modificaciones se realizaron utilizando fondos depositados en los fondos de cesantías, seguridad social y pensiones, con el propósito aparente de cubrir gastos operativos. La resolución 0495, emitida el 01 de diciembre de ese mismo año, fue el instrumento utilizado para llevar a cabo estas acciones.
Una revelación preocupante fue la fuente de estos fondos reasignados. La Procuraduría confirmó que procedían de entidades como la Nueva EPS, Coomeva, Porvenir y Protección. Estos recursos fueron transferidos al presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa Social, originándose en excedentes financieros depositados por las administradoras en la cuenta bancaria de la entidad.
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La gravedad de la situación se intensifica al constatar que los fondos originalmente destinados a salud y pensiones fueron utilizados de manera indebida. De acuerdo con las normativas vigentes, estos ingresos no pueden ser considerados como unidad de caja por la entidad territorial, lo que representa un claro incumplimiento de las leyes establecidas.
El Ministerio Público, al calificar la falta del exgerente como gravísima a título de culpa gravísima, ha emitido un mensaje claro sobre la intolerancia a prácticas financieras irregulares que afectan directamente la prestación de servicios de salud en la región. La decisión de destituir e inhabilitar al exfuncionario por nueve años refleja la seriedad con la que se abordan las acciones que comprometen la gestión transparente y eficaz de los recursos públicos.
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