Los manifestantes cuestionan la transparencia de la contratación pública y la transparencia en el proceso de selección de funcionarios.
En un caso que ilustra una lucha por la equidad y la justicia en el empleo público, un grupo de destacados profesionales en Santa Marta, quienes previamente ganaron sus plazas a través de un estricto concurso de méritos, han emprendido una campaña para manifestar su frustración ante la persistente ocupación de sus puestos por personas supuestamente designadas "a dedo", en lugar de seguir el proceso de selección basado en méritos y competencia.
Cambios en los nombramientos, renuncias aparentemente ficticias y la negativa a completar los nombramientos de los profesionales que demostraron excelencia en el concurso de carrera administrativa son algunas de las preocupaciones planteadas por el grupo de afectados.
En respuesta a estas inquietudes, un grupo de profesionales ha optado por la manifestación pública y se ha congregado frente a la Alcaldía de la ciudad. A través de pancartas y letreros, los manifestantes han transmitido un mensaje claro: "Respete el mérito, exigimos celeridad y nombramientos. Y hay listas de elegibles con firmeza. No abuse de su poder, usted no está por encima de la Constitución".
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Uno de los afectados compartió su experiencia, destacando el impacto personal de esta situación: "Somos profesionales y técnicos en diversas áreas que ganamos un concurso de méritos gestionado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y esta comisión ya ha emitido listas firmes para que se realicen los nombramientos. Sin embargo, la Alcaldía ha estado demorando, lo que nos ha dejado en una situación incierta".
Este tema ha llegado a oídos del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, donde el juez Juan Jairo Céspedes falló a favor de los profesionales. Además, ha ordenado que se remitan copias de las actuaciones irregulares a la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.
Este desarrollo legal resalta la importancia de garantizar la transparencia y la justicia en el proceso de nombramiento de funcionarios públicos y la protección de los derechos de aquellos que han ganado sus puestos mediante méritos y competencia.
Este asunto continúa siendo un foco de atención en la comunidad, ya que arroja luz sobre la importancia de mantener la imparcialidad y la equidad en el empleo público, lo que tiene un impacto directo en la integridad de la gestión pública y en la confianza de la ciudadanía en sus líderes electos.
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