La reforma debe ser aprobada antes del 20 de junio y enfrentar etapas en la Cámara que tomaron casi medio año en el Senado.
La reforma pensional, una iniciativa clave del petrismo, enfrenta ahora la posibilidad de ser archivada debido a la urgencia de los tiempos en el Congreso, a pesar de contar con mayorías y haber superado desafíos en el Senado con éxito en sus dos primeros debates, el proyecto corre el riesgo de estancarse en la Cámara de Representantes.
Esta normativa establece que si la reforma no se discute en sus dos últimos debates antes del 20 de junio, fecha en la que concluye el periodo legislativo, será archivada, aunque el tiempo es ajustado, las controversias se mantienen con relación a el gobierno nacional, tras el escándalo de presuntas coimas y corrupción esta iniciativa se pondría en pausa.
Durante el proceso legislativo, que involucra a los presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle respectivamente, ha obligado al Ejecutivo a detener los proyectos temporalmente hasta que la situación se calme.
Además, el representante José Jaime Uscátegui (del Centro Democrático) logró que se excluyeran del orden del día los proyectos del Gobierno.
Independientemente de esto, es innegable que cada día es crucial y el dicho de que "el tiempo vale oro" resuena cada vez con más fuerza en la Casa de Nariño. Según el cronograma legislativo, la reforma debe ser aprobada en su tercer debate por la Comisión Séptima de la Cámara antes de pasar a la plenaria, donde enfrentaría su cuarta y última discusión.
Sin embargo, en la Comisión se debe primero asignar ponentes, quienes tendrán la tarea de presentar documentos que avalen, nieguen o modifique lo aprobado por el Senado. En un escenario que podría ser atípico, a pesar de que Petro tiene mayorías en esa célula legislativa, el proceso podría extenderse hasta dos semanas. Esto se sumaría a otra semana para resolver impedimentos o proposiciones antes de ser finalmente votado.
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En el mejor de los casos, el proyecto podría completar su tercer debate y estar listo para la discusión en plenaria a principios de junio. A partir de ese momento, comienza una carrera contrarreloj, ya que en solo 20 días el proyecto deberá pasar por las mismas etapas. Para comprender el desafío, basta mencionar que todo este proceso, incluida la discusión en Comisión y luego en plenaria, tomó al Senado más de medio año.
Aparte de las recusaciones, proposiciones y otros recursos utilizados legítimamente por sectores opositores para prolongar la discusión, hay que considerar otro factor importante. El proyecto deberá pasar por el proceso de conciliación, donde representantes del Senado y la Cámara se reúnen para asegurar que la versión final aprobada corresponda con lo respaldado por las mayorías de cada cámara.
"Esto ocurre solo si existen textos diferentes. Si no, no será necesario realizar una conciliación", explicó al diario el representante petrista Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) de la Comisión Séptima.
Sin embargo, la conciliación parece inevitable considerando que, luego de su aprobación en el Senado, Petro cambió de postura y anunció que, en contra del acuerdo alcanzado con el Partido Liberal que permitió desbloquear el proyecto, buscará aumentar de 2.3 a 4 salarios mínimos el umbral obligatorio para cotizar en Colpensiones. Este punto clave constituye la esencia del proyecto.
“El proyecto se debe aprobar hasta el 20 de junio. Y dado que en lo esencial de la reforma pensional se ha logrado acuerdo, considero que tenemos tiempo ajustado, pero es posible aprobar una reforma que proteja a millones de colombianos”, declaró con optimismo el representante Mondragón.
Sin embargo, esta semana la representante María Eugenia Lopera (Liberal, con tendencia petrista), quien preside la Comisión, admitió que aún no se han designado ponentes: "Es una decisión de la mesa directiva. Estamos trabajando en ello".
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Desde la independencia, el representante Víctor Salcedo (Partido de La U), también miembro de la Comisión Séptima, ha señalado que "los tiempos son muy cortos y muy medidos". Según el congresista, el proyecto llegó apenas la semana pasada y aún no se han designado ponentes: "La discusión tanto en Comisión como en Plenaria sería muy ajustada".
Una posible solución a esta carrera contrarreloj del Gobierno podría ser convocar sesiones extras, donde el Ejecutivo llamaría al Congreso para discutir ciertas iniciativas una vez que concluyan las sesiones ordinarias. Sin embargo, dentro de la propia coalición de Gobierno existen dudas sobre esta alternativa.
"Existe toda una discusión jurídica allí, porque el Código Electoral anterior, no el que está actualmente vigente, fue anulado porque se aprobó fuera de los tiempos ordinarios del Congreso. Si esto se repite, es posible que el proyecto sea impugnado y derribado", explicó el representante Alejandro García de la Alianza Verde.
"Lo veo difícil. El tiempo es muy limitado y justo, aunque no es imposible. Además, todo este escándalo de corrupción complica las cosas", concluyó el representante.
