El señor Karim Khan, en calidad de fiscal de la Corte Penal Internacional, estuvo en Bogotá. La visita a la capital de la República fue breve. Al finalizar la misma surgió y fue suscrito un acuerdo signado por el alto funcionario y el Presidente Duque. Además, el señor Khan anunció públicamente la decisión adoptada por esa instancia de la C.P.I. de apartarse de continuar la averiguación preliminar que cursaba ante dicho Tribunal contra el Estado colombiano por presuntas violaciones de derechos humanos.
La aludida declaración dio motivo para un torrente de comentarios: saludo emocionado por parte de algunos, y censura acerba lanzada por otros. El disenso razonado, lógico, no sorprende ni daña en el marco del sistema democrático; por el contrario, la controversia conceptual lo nutre, lo vigoriza si la dialéctica utilizada se ciñe a la verdad; daño hace el sofisma, -apariencia de verdad- montado sobre premisas falsas, tendenciosas. El disentimiento es prerrogativa que otorga la democracia. Defendámosla del despotismo que la ataca y que silencia.
El Derecho positivo, con sus normas reguladoras de la conducta de los individuos que interactúan en el escenario colectivo procura mantener el orden social fundado en la justicia. El Derecho y la justicia se afianzan en la verdad, la necesitan para el cumplimiento de sus fines. Los funcionarios de la Rama Judicial, en cada debate procesal que les toca dirimir peregrinan acuciosamente sobre los folios del expediente examinando los elementos probatorios allegados a la litis, que los conduzcan al encuentro de la verdad y que produzcan en su ánimo la certeza -más allá de toda dura razonable- que les permita sustentar el pronunciamiento jurisdiccional. Planteado que el Derecho y la justicia se asientan en la obtención de la verdad, es procedente creer que todo juicio que se emita con respecto a las Cortes y a sus decisiones deben ajustarse a la verdad.
Tanto las opiniones que comparten los fallos como las que disienten de ellos. Analizarlos con objetividad, sin prejuicios ni sesgos ideológicos. Recordando la sentencia de San Agustín: “La verdad es lo que es”. Y no lo que el interesado o analista temerariamente quiere que sea. Por su parte los magistrados, jueces y fiscales deben honrar el Derecho, la toga, cumplir con su deber de administrar recta, pronta y cumplida justicia, para que la sociedad confíe en sus pronunciamientos y se preserve incólume el aforismo res iudicata pro veritate tenetur. Rescatar esa confianza es necesidad imperiosa. Para ello se requiere contar con operadores jurídicos instruidos y probos. Conscientes de la misión sagrada que desempeñan. La majestad de la justicia está encarnada, en alto grado, por las personas a quienes la sociedad les confiere el poder para decir quien tiene el derecho.
Hombres y mujeres integérrimos, honorables, respetuosos y respetados, paradigmas de buena conducta, formados en principios y valores éticos y practicantes de esos preceptos. Seres humanos, no ángeles -sin caer en utopías- pero personas de carne y hueso con bagaje intelectual y atributos que infundan confianza y credibilidad a los asociados. Para que estos acaten las sentencias y se sometan a lo que ellas disponen convencidos de que son mandamientos dados conforme a derecho y en estricta justicia. Hay en la Rama Judicial servidores de excelencia humana y profesional. Pero opacan el prestigio de la administración de justicia carteles como el de la toga. La rigurosidad de los fallos judiciales debe ser postulado grabado en la conciencia ciudadana. Desafortunadamente en el imaginario colectivo prevalece la incertidumbre, el escepticismo o la repulsión respecto de ellos. De la anotada tendencia no escapa la decisión del fiscal Khan, quien parece muy optimista sobre la justicia colombiana con el 95% de impunidad, y la JEP no es garantía.