¿Encrucijada?

Sí. Y muy aguda es la encrucijada en la que el país está atrapado. Lo agobian múltiples problemas que, con excepción de la pandemia causada por el Coronavirus devastador, todos son estructurales e inveterados, acumulados, como el aluvión, en el transcurso de muchos lustros.

La temática de los conflictos es manida y está suficientemente diagnosticada; pero no encarada ni resuelta por culpa de la demagogia y de la politiquería que no han permitido la adopción de decisiones necesarias para superar los retos. Al abordarla aflora siempre el consabido catálogo: corrupción, pobreza, desinstitucionalización, déficit: fiscal, de tesorería y de balanza comercial; la falencia de la justicia permeada, en parte de su estructura, de lenidad, lentitud, impunidad; inseguridad jurídica y ciudadana; servicios públicos deficientes: agua, alcantarillado, energía eléctrica; infraestructura vial precaria, régimen laboral obsoleto, insuficiencia de cobertura y de calidad en salud y educación; abandono y atraso del sector rural, y todo lo que puedan agregar los lectores. Ese repertorio de calamidades -que, en mayor o menor escala gravita sobre el territorio de la nación- tiene al país en trance de disolución padeciendo la conmoción política, social y económica más grave de su vida republicana, promovida por agentes mercenarios del despotismo y el odio, que, so pretexto de lanzar voces de inconformidad popular y en procura de reivindicaciones sociales y democráticas, -con infiltración de vandalismo terrorista- causan desolación, caos y miseria. Todos, amparándose en el derecho a las reuniones públicas consagrado en el artículo 37 de la Carta Política, pero cuya legitimidad está condicionada por el mismo texto a que la protesta se haga pacíficamente. Requisito que no se ha cumplido en muchísimas de las movilizaciones.

El precepto es claro; su hermenéutica no admite anfibología ni subterfugios. Los organizadores de los desfiles que no controlan las hordas depredadoras deben responder civil y punitivamente por los daños y los reatos perpetrados. La protesta, como derecho, no es licencia para delinquir. Que Colombia está descuadernada, nadie lo duda. Que requiere de una reingeniería a fondo, hay consenso. Con la Constitución de 1.991 se quiso encuadernar al Estado y el intento salió fallido: por eso estamos como estamos, después de 30 años de vigencia y de 40 enmiendas a la Carta. Hay hartos motivos para protestar; pero pacíficamente. La barbarie incendiaria no crea un solo empleo, no hace la reforma que el país necesita, deja ruina, heridos y muertos. Con racionalidad y visión de Patria en holocausto, se impone celebrar un acuerdo nacional, ya mismo, única forma de hacer concertadamente la regeneración fundamental que Colombia requiere para ser una nación viable, con democracia, libertad y orden, sustentada en principios y valores: justa, honrada, eficiente, próspera y pacífica. Pacto propuesto hace 30 años por compatriota ilustre inmolado por el narco-régimen que gobernaba. Gran acuerdo nacional para restaurar el Estado social de derecho, el imperio de la legalidad.

Depurar las ramas del poder público. Acabar el robo al erario. Eliminar burocracia inútil. Reducir el Congreso, asambleas, concejos. Suprimir procuradurías y contralorías anodinas, y municipios que no alcanzan a financiar sus nóminas con rentas propias. Estado austero, esbelto, honorable y eficiente. Gobernantes, legisladores, magistrados, jueces probos, competentes. “Gobierno a la vista”, en palabras de Bobbio. Veeduría insomne. Cero mermelada ni contratación oficial ilícita. Mega inversión sostenida en planes y programas para erradicar la pobreza absoluta garantizándole ingreso seguro a los imposibilitados para laborar, sin alcahuetear la holgazanería; garantizar empleo a millones de compatriotas cesantes afligidos por el hambre y la desesperanza. Estado providente, no limosnero que regala peces y no enseña a pescar. Desarrollar la infraestructura, impulsar el progreso, crear riqueza y crecimiento económico; desplazar la coca utilizando las tierras donde está sembrada y el inmenso inventario rural promoviendo cultivos diversos y ganadería.

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