Escrito por:
Oscar Pérez Palomino
Columna: Opinión
e-mail: oscaralejandroperezpalomino@gmail.com
twitter: @OalejandroPP
Nuestra nación es un país con “régimen político de territorialidad parcial y bajo grado de institucionalización”, según lo señala Pedro Medellín. La consecuencia de lo anterior es que en Colombia “el Estado no cubre a toda la Nación y éste no llega a todo el territorio”, lo cual revela una debilidad institucional que configura el circulo vicioso de la marginalidad-abandono estatal- violencia que ha devorado a nuestra patria durante toda su historia republicana.
En efecto, así lo plantea Domínguez Ossa, cuando afirma que “Colombia es un país con tendencia geográfico-política que impele hacia el centro, [vale decir] que concentra el pivote de su poder económico, político y cultural en el centro de su territorio […], [y como tal ejerce] un poder ordenador sobre el territorio, que le ha permitido absorber la riqueza y la mano de obra de todo el país, ofreciendo muy poco a cambio […] a la extrema periferia”.
Así es que tenemos, de conformidad con lo establecido por Hernández Becerra, “grandes extensiones de territorio abandonadas e incomunicadas tan grandes, que podríamos hablar con certeza de la otra Colombia olvidada y marginada. […] Municipios como Cumaribo en el Vichada, con una población de 33.480 habitantes y con una extensión de 65.674 Km2, que equivale a más que el doble de Bélgica (30.518 Km2) y en donde podría caber toda Costa Rica (52.894 Km2); Solano en Caquetá, con 41.653 Km2 y con una población de 21.874 habitantes, ejerce jurisdicción sobre un territorio equivalente al de Suiza (41.853 Km2); y La Primavera en el Vichada, con 20.141 Km2, ocupa una extensión equivalente a la República de El Salvador (19.916 Km2), y solo tiene 13.301 habitantes”.
Estos ejemplos son una muestra de la magnitud geográfica de algunos de nuestros municipios pequeños, y en consecuencia, de la dificultad de la gobernabilidad, por la característica de nuestra geografía o por el abandono estatal dada su ausencia en grandes extensiones del territorio colombiano. Y evidentemente donde más visible ha sido la ausencia del Estado ha sido especialmente en las regiones marginales donde predominan los cultivos ilícitos de la nación.
Como el objetivo final del proceso de paz con las Farc, según lo expresó el Alto Comisionado, fue la “Paz Territorial”, que tuvo y tiene como estrategia encontrar “maneras más inteligentes de llevar la institucionalidad a los territorios”, la propuesta de Hernández Becerra de “conceder estatus político” a algunos centros poblados para que sean erigidos en municipios de régimen especial, excede el horizonte de los Acuerdos de la Habana, pues no se está proponiendo “llevar la institucionalidad a los territorios”, sino que la propuesta consiste en que la institucionalidad se quede en los territorios…, y la única forma de lograrlo, “la manera más inteligente” de hacerlo, es otorgando el estatus de municipio de régimen especial a esos territorios. Cualquier otra manera de “llevar la institucionalidad a los territorios”, distinta a conceder estatus jurídico, a mi juicio, son variedades de asistencialismo que perpetúan la dependencia y el abandono, y por lo tanto, socavan la libertad y el derecho de las pequeñas comunidades a autoorganizarse.
“Incorporar […] a la vida de la Nación [territorios marginales] mediante el reconocimiento de identidad política [que les brinda la institución municipal, no solo les permite obtener los] beneficios que ofrece la institucionalidad, [sino que permite] construir Nación [mediante la cohesión y construcción de tejido territorial]”, señala Hernández Becerra.