La magistrada María Victoria Quiñones, involucrada en polémicas vinculadas a cuotas burocráticas y denuncias, ve negado su impedimento y deberá resolver la demanda de nulidad electoral contra el alcalde Carlos Pinedo, presentada por Jorge Agudelo.
La controversia en torno a la demanda de nulidad electoral presentada por Jorge Agudelo Apreza contra el alcalde Carlos Pinedo Cuello ha tomado un nuevo giro con la decisión de la magistrada María Victoria Quiñones Triana de declararse impedida para resolver este caso. El pasado 19 de enero, Quiñones Triana presentó su impedimento, basándose en las denuncias formuladas en su contra por el abogado Hernando Zabaleta Echeverry, quien ha sido un defensor activo de la credencial de Carlos Pinedo.
El fundamento principal de este impedimento radica en las denuncias presentadas por Zabaleta ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Disciplina Judicial contra la magistrada.La situación ha creado una “enemistad grave” entre la magistrada y Zabaleta, según lo establecido en el artículo 141 del Código del Proceso.
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Sin embargo, la declaración de impedimento de Quiñones no fue aceptada por los magistrados Adonay Ferrari y Maribel Mendoza, quienes consideraron que no existían fundamentos suficientes para sostener esta decisión. Este rechazo devuelve el proceso al punto de inicio y deja a Quiñones en una posición de total libertad para conocer y decidir sobre la demanda presentada por Agudelo contra Pinedo.
El escenario actual plantea un desafío significativo para la estabilidad política en Santa Marta. La demanda de Agudelo busca específicamente una medida cautelar que implica la suspensión temporal del cargo de alcalde para Pinedo. En caso de que esta medida se apruebe, la ciudad podría enfrentar una crisis de gobernabilidad, lo que llevaría a que el presidente Gustavo Petro designe un alcalde encargado mientras se resuelve el proceso legal.
La situación se torna aún más delicada considerando la cercanía de las elecciones y la importancia de mantener la estabilidad institucional en un momento crítico para la administración local. La incertidumbre rodea el futuro político de Santa Marta mientras el proceso legal continúa su curso, y la decisión de Quiñones se convierte en un factor crucial en este escenario.
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