La Alcaldía de Santa Marta, bajo la gestión saliente de Virna Johnson, dejó una sorprendente deuda de más de $130 millones que comprometió uno de los servicios más vitales: la línea de emergencia 123.
En medio de la revelación progresiva sobre la condición de las obras públicas y el estado fiscal de la Alcaldía de Santa Marta durante el proceso de empalme, emerge una situación inaudita que afecta directamente a la comunidad. La suspensión de la línea de emergencia 123, debido a una deuda de más de $130 millones, pone de manifiesto la falta de atención y previsión en un servicio crucial para la seguridad y bienestar ciudadano.
Aunque la situación de la deuda y suspensión se mantuvo sin ser detectada durante el proceso de empalme, las autoridades, una vez informadas, tomaron medidas inmediatas. En un tiempo récord de menos de dos horas, se logró resolver la deuda pendiente y se restableció la operatividad de la línea de emergencia 123. Además, se abordó la reactivación del servicio de internet en la Sala Integrada de Emergencia y Seguridad, que se encontraba inactivo desde hacía tiempo.
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La situación crítica revela las trabas experimentadas durante el proceso de empalme, donde se denunciaron dificultades por parte del gobierno saliente. La falta de voluntad política para abordar y solucionar problemas esenciales, como la deuda de la línea de emergencia, evidencia una desatención preocupante de la administración anterior hacia servicios fundamentales para la comunidad.
La ciudadanía no estaba al tanto de la deuda acumulada y la suspensión del servicio de emergencia, lo que plantea preguntas sobre la transparencia administrativa durante la transición de gobiernos. La aparente falta de comunicación y la decisión de la administración saliente de prescindir del servicio sin resolver la deuda correspondiente dejan en evidencia la urgencia de una revisión más profunda de los procesos de empalme y la gestión financiera municipal.
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La situación crítica de la línea de emergencia 123 subraya los desafíos heredados por la nueva administración municipal. A medida que se desvelan más detalles sobre la gestión anterior, se hace evidente la necesidad de abordar no solo los problemas financieros acumulados, sino también implementar medidas que fortalezcan la transparencia y la atención a servicios esenciales. La comunidad espera respuestas claras y acciones concretas para garantizar la continuidad y mejora de servicios cruciales que afectan directamente su seguridad y bienestar.
Las últimas facturas, que suman más de $52 y $80 millones, tenían como fecha límite de pago el 11 de diciembre del año pasado.
