Por primera vez en la historia del país, un grupo insurgente reconoce que las víctimas son el centro de gravedad en la transición exitosa hacia la paz. Con este reconocimiento, el pasado 15 de diciembre, se reveló el acuerdo sobre víctimas del conflicto armado alcanzado en La Habana. En él, se incluyen medidas de reparación integral, así como acuerdos en materia de verdad y garantías de no repetición.
Este acuerdo demuestra que el proceso de paz va por buen camino y los cabecillas de las Farc, son conscientes de los compromisos que deben asumir para ingresar a la sociedad. Sobre la reparación integral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la mejor respuesta al daño ocasionado en medio de un conflicto, es el restablecimiento de las cosas a su estado anterior. Sin embargo, sabemos que en muchos casos en Colombia, el bien afectado hace imposible este ideal, por lo que una justa indemnización o compensación pecuniaria, se convierte en el mecanismo más idóneo de satisfacción.
Celebramos las medidas de reparación que trascienden lo material y que fueron acordadas en la Habana, como por ejemplo, la realización de actos públicos donde se cuente la verdad de lo sucedido, audiencias de perdón, labores de desminado, y entrega de información que permita el hallazgo de desaparecidos. Aun así, creemos que la verdad y una indemnización pecuniaria de parte de las Farc, deben ser compromisos para restablecer la vida y el dolor de muchas víctimas.
En este marco nos preguntamos: ¿Acaso se ha hablado en Cuba sobre los bienes, cuentas, y dinero de las Farc para reparar a las víctimas? Este interrogante surge de la revelación que en el 2014 hizo la revista Forbes sobre las Farc, al considerarlo el tercer grupo más rico del mundo, afirmando que recibía anualmente la suma de USD $ 600.000 millones, provenientes del narcotráfico, la minería ilegal, secuestros y extorsiones. Así, es necesario incluirle a la negociación con las Farc, no solamente el compromiso de abandonar definitivamente sus actividades ilícitas, sino también, el de entregar información sobre sus recursos económicos para apoyar la indemnización material a las víctimas. Hoy día, esta compensación es realizada únicamente con recursos de la nación.
La veeduría institucional y ciudadana será clave para verificar que las indemnizaciones materiales provengan de las arcas de las Farc y no de los impuestos de los ciudadanos. Por eso, garantizar el destino de esos dineros, debe ser parte del acuerdo final.