El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo avaló la declaratoria con el fin de anticipar acciones frente a la fuerte temporada seca prevista para 2026–2027. La medida permitirá agilizar inversiones y ejecutar proyectos prioritarios para reducir el impacto sobre la población y los ecosistemas.
El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aprobó la declaratoria de situación de desastre nacional ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño 2026–2027, una decisión que busca facilitar la respuesta anticipada del Estado frente a los efectos de la prolongada temporada de sequía que se pronostica para el país.
La determinación fue sustentada en la Ley 1523 de 2012, la cual establece que una situación de desastre puede declararse no solo cuando el daño ya se ha producido, sino también cuando existe una amenaza inminente que exige acciones preventivas para proteger a la población.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, explicó que la legislación contempla la posibilidad de intervenir antes de que ocurra la emergencia, precisamente para reducir sus consecuencias y atender oportunamente los riesgos identificados.
Medidas anticipadas frente a la sequía
Durante la sesión, el presidente Gustavo Petro respaldó la iniciativa y afirmó que la decisión cuenta con fundamento científico, al señalar que distintos organismos internacionales y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) han advertido sobre la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.
El mandatario sostuvo que la prioridad es proteger la vida de las comunidades y minimizar los efectos de una eventual mega sequía, por lo que insistió en la necesidad de actuar con anticipación en lugar de esperar a que se materialicen las afectaciones.
Petro señaló que la declaratoria permitirá ejecutar proyectos mediante mecanismos excepcionales previstos en la legislación vigente y acelerar iniciativas orientadas a fortalecer la generación de energía solar en diferentes regiones del país.
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Respuesta basada en la prevención
Por su parte, el director de la UNGRD indicó que el criterio principal para la declaratoria corresponde a la inminencia del desastre, lo que obliga al Estado a intervenir de manera preventiva para disminuir los riesgos asociados al intenso verano que se proyecta para los próximos meses.
Según explicó, esta actuación responde al principio de precaución y a la responsabilidad institucional de proteger a la población frente a eventos previsibles que puedan afectar el abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria, los ecosistemas y otros sectores estratégicos.
Con esta decisión, el Gobierno Nacional busca poner en marcha medidas que permitan enfrentar de manera más rápida y coordinada los impactos del fenómeno climático, priorizando la prevención y la reducción del riesgo antes de que se presenten las emergencias.
