Azuzado por economistas de la izquierda global, el presidente Gustavo Petro anunció por fin la semana pasada el retiro de Colombia del sistema de arbitraje internacional de inversión, mediante el cual se atrae inversión extranjera directa. Tradicionalmente, ello se ha materializado a través de los tratados de libre comercio con capítulo de inversión, o ya con acuerdos bilaterales de inversión, en ambos casos de celebración entre Estados. Hay tantos de estos negocios jurídico-internacionales que desde hace rato se le llama “sopa de espagueti” al enrevesamiento y la consecuente inseguridad jurídica que puede causar la coexistencia de dichos estimulantes de la inversión; flujo que casi siempre ha ido desde agentes privados de Estados ricos hacia el territorio de Estados que no lo son.
Quizás por eso se ha venido registrando como cierta la tendencia de decrecimiento del arbitraje internacional de inversión: solo beneficia al “fuerte”, por cuanto las multinacionales pertenecen a países poderosos (que son los que exportan la inversión), no a los países receptores, diríase pobres. Se pone como ejemplo de esto que Colombia, en su rol de receptor de inversión extranjera, no tiene demasiadas multinacionales a las que les sirva el arbitraje de inversión en, digamos, España; y que el caso contrario sí se presenta, y entonces el Estado colombiano en sentido amplio (sectores central y descentralizado, en todos sus peligrosos niveles) puede terminar respondiendo patrimonialmente por actuaciones equívocas o dolosas, como la falta de coordinación en la expedición de regulación.
Porque en la regulación que tanto gusta a la izquierda colombiana está gran parte del riesgo de derrota, y no en la inversión extranjera en sí misma. Con la vocación regulatoria de nuestra organización estatal se incrementa la posibilidad de que algún burócrata se ponga creativo, y se expidan normas que puedan parecer expropiación indirecta respecto de una inversión extranjera; o ya que se promulguen leyes, decretos, ordenanzas o acuerdos que desconozcan los compromisos asumidos por el Estado colombiano, y se le dé a aquel inversionista un trato desfavorable frente al empresariado local. Para evitar tales excesos, se firman estos instrumentos internacionales, en el entendido de que la inversión foránea hace circular bienes y servicios en la economía nacional.
Petro cita a los Estados Unidos como modelo de retiro del arbitraje de inversión sin que la inversión extranjera sufra, lo que es inexacto: si bien los gringos lo han ido reduciendo últimamente (hace poco con Canadá y México), no se han retirado de un sistema que ellos consolidaron hace sesenta años y que es símbolo de su filosofía de vida (el arbitraje en general, y el de inversión, en particular, es un mecanismo costoso pero ágil, especializado, poco leguleyo). Tampoco Brasil es un caso válido para probar que la inversión extranjera se queda si no hay arbitraje de inversión: la economía del gigante del sur es lo suficientemente atractiva para arriesgarse. Esos dos países, Estados Unidos y Brasil, no sirven como espejo para Colombia, dada su gran fuerza económica. Sea como fuere, el retiro de los tratados y acuerdos que forman nuestra propia “sopa de espagueti” no será un proceso rápido.
Columna: Toma de Posiciones
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