El Gobierno se escuda en el cumplimiento de la ley de libre competencia para aplicar lo que parece ser el tan temido control de precios, origen de la quiebra de cualquier economía que, precisamente, aspire a ser libre. ¿Cómo es posible tamaño contrasentido? Así: la autoridad de competencia afirma a los cuatro vientos “proteger” al consumidor de los precios “artificiales” que el sector productivo le podría imponer a aquel; lo paradójico está en que para luchar contra los precios supuestamente inflados de la nada, el inspector se valga del control de precios en la práctica, artificio por definición, y así intervenga y envenene la economía. Ciertamente, el único control de precios válido y eficaz en un régimen de libertad económica es la decisión del consumidor final de comprar o no el bien costoso.
La gente es la que debe decidir si sigue comprando, por mayor cantidad de dinero, el mismo producto que adquiría en el pasado; o si compra un sustituto considerado de menor calidad por una suma igual a la que venía pagando anteriormente. Por lo demás, es falso que el equilibrio entre libertad económica y bien común se pueda fijar por resolución, al menos no en el contexto colombiano actual: si los precios han subido, mal que a todos afecta por igual, ello no se debe a que haya habido en todos los casos intenciones defraudatorias de los productores; en realidad, como es sabido, la carestía se disparó a partir del incremento inflacionario del salario mínimo, variable política cuya introducción ha descuadrado un sistema macroeconómico que a su vez se basa en criterios técnicos.
El problema es el que al Gobierno no le gusta la técnica, sino la política, y sobre todo la política facilista, inmediatista, populista. Eso sí: su clave parece ser haberse puesto el objetivo de, previamente, disfrazar de docto cualquier pronunciamiento en este sentido politiquero, y no caer en los errores del pasado, cuando simplemente se hablaba de “justicia social”. Cabe aquí recordar el día, por ejemplo, en el que el jefe del Estado dijo en un discurso dado en el extranjero que lo ilícito se acababa quitándole la primera letra i a esa palabra, y listo. Aquel día pensé que, a lo mejor instintivamente, el inquilino de Nariño manifestaba la misma desconfianza hacia el lenguaje en el derecho de la que un filósofo de la disciplina, Herbert Hart, supo elaborar una tesis rompecabezas.
Más allá de la aplicación de teorías artificiosas de precios y del delito (ambas, curiosamente, dirigidas a modelar la conducta de los administrados hacia un sentido ruinoso específico: la estanflación y el compadrazgo con el crimen), preocupa sobremanera al ciudadano de a pie el resultado de las elecciones congresales y presidenciales que se avecinan, pues no podría ser de otra manera cuando el Gobierno moribundo da muestras de aspirar a influir en sus respectivos conteos. No digamos ya que dicha incidencia podría hacerse a través de la consabida participación en política de individuos con poder real en las votaciones, que eso se volvió cosa cotidiana en este país en franco retroceso moral, sino mediante mecanismos menos identificables, y por eso mismo casi nada controlables. Demos gracias a los caviares, valedores intelectuales del Gobierno, por esta encrucijada al natural.
Columna: Toma de Posiciones
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