Durante la semana anterior, el Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá emitió un fallo de tutela que protegió los derechos fundamentales de los familiares del asesinado magistrado Manuel Gaona, muerto durante los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, en Bogotá, en noviembre de 1985. Esencialmente, la familia pidió la protección del buen nombre del funcionario judicial, que, entendieron, debía hacerse extensiva también a ellos. La decisión del juzgado tuvo en cuenta dos pilares básicos del reclamo: no había claridad acerca de si el filme era una reconstrucción histórica documentada con seriedad (porque no se hacía esa advertencia al inicio de la proyección, como era debido); y, de otro lado, la persona del magistrado Gaona era arbitrariamente desfigurada.
No he visto, ni voy a ver, esa película. En cambio, sí he apreciado buena cantidad de documentales, género tan importante como un artículo científico de calidad puede llegar a serlo, siempre que aquel sea el resultado de un esfuerzo de honestidad intelectual. Pues a la afortunada combinación de imágenes pertinentes, voz narradora limitada y datos verificados, cabe compararla con la misma vida real. Por eso, la cuestión no es caprichosa: si un material audiovisual basado en los delirios de un posible propagandista a sueldo pretende contar hechos relevantes del pasado, y para ello se vale de una astuta ambigüedad, representada en no informar al público puntualmente si lo narrado es ficción o no, es claro que estamos ante un intento de manipulación histórica puesto al descubierto.
Asimismo, si ese manipulador de la historia utiliza su “libertad creativa” para presentar, con su nombre completo, a una persona que en verdad vivió, como pusilánime y amiga de los terroristas del M-19 (una especie de cómplice arrepentido), pues termina de configurarse la prostitución que de la realidad han querido hacer esos (¿inspirados por la droga?) alérgicos a los hechos probados, algo que sencillamente no se puede permitir a la luz de la ley. Por su parte, los dueños de la cinta acusan violación de su libertad de expresión, pero sin considerar, eso sí, que esta solo puede existir cuando se acata antes aquello que la Corte Constitucional ha llamado “carga de veracidad” en estos casos: la expresión sobre otro únicamente es viable cuando se dice la verdad, con pruebas en la mano.
Oí a la productora de la película decir, a partir de la mencionada sentencia de tutela en su contra, que aspiraba a abrir un “diálogo”, frente a lo cual sería interesante preguntarle qué clase de diálogo puede haber a estas alturas. Suena a reacomodo fácil. Por lo demás, resulta cuando menos anecdótico que apenas en junio último, el entonces recién posesionado Eduardo Montealegre, ahora exministro de Justicia, recibiera un repaso público y notorio de derecho constitucional por parte de Mauricio Gaona, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia inmolado, cuyo nombre se usa libremente en el filme. El profesor Gaona actúa ahora como destructor de falacias en torno a la tal constituyente petrista, viejo anhelo que comparten los que ven en el poder judicial un estorbo, como los delincuentes de noviembre de 1985 también lo veían. Sin embargo, la Justicia sigue resistiendo.
Columna: Toma de Posiciones
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