Hace una semana, en el Senado de la República, se pudo ver al país recreado en una obra de teatro: la actitud de sobradez anticipada del Gobierno frente a la aprobación de la primera propuesta de consulta popular; la lucha silenciosa y valerosa de otros por que ello no fuera así; la “decepción” de los primeros, manifestada en la misma violencia que uno puede ver en cualquier callejón de mala muerte del escenario nocturno nacional; la alegría confiada y transitoria de la verdadera mayoría del pueblo colombiano, que rechaza las arremetidas petristas para hacer politiquería con la plata de los impuestos… Quedan en la memoria las imágenes de abierta contención entre políticos, que se creía relegada a otros tiempos, cuando había que ir al Congreso con el revólver al cinto. Y cargado.
Algún día volverá la calma chicha de época recientes, que no era ni remotamente una situación ideal, pero que permitía vivir de la ilusión de la paz. Retornará la sensación de que el pueblo merece algo mejor que un ministro de gobierno, confeso consumidor de drogas, que insulta y amenaza con golpear al secretario del Senado porque, en su delirio, vio una trampa inexistente en la realidad de quienes no son sus iguales. Tal vez más adelante se pueda superar la inexplicable existencia de un congresista, también amigo de las drogas (y que las lleva en su maleta de viaje en aeropuertos), que empuja a un colega como si de una pelea en una barra brava se tratara. Las leyes, la materia prima con que moldeamos el mundo de nuestro deber ser, no pueden depender de tanta pobreza espiritual.
Sobra decir que no se justifica el doble juego del Gobierno, que insiste en su consulta popular y, así, pretende presionar al Senado en las calles, mientras en la comisión respectiva de aquel seguirá disputando con sus artes acostumbradas la aprobación de la reforma laboral, que a la vez es su excusa para impulsar la primera. No sorprende que, igual que recurren frecuentemente al chantaje y demás formas violentas, sea natural para ellos “combinar todas las formas de lucha”, aunque eso signifique caer en una flagrante contradicción en los términos. Queda visto que a sectores de la izquierda no les importa contradecirse siempre que tal faculte manipular determinadas circunstancias; sus convicciones políticas, que nunca ha sido tan puras, ahora son menos legítimas.
Esta baja política es la actividad del amante del poder en estado natural. Me refiero al poder público, el que es fruto de un sistema de representación que se ha preferido a la anarquía, porque la sociedad ha entendido que es mejor tener que soportar a ciertos elementos jugando a hacer política (aunque hayan reclutado niños para su causa, o facilitado su abuso), que enfrentarlos en la lucha armada rural o urbana. Sabe a poco, pero la historia demuestra que los colombianos han aprendido a conformarse con migajas, porque siempre puede ser peor; de manera que no, no es nada extraño lo que pasó hace una semana en el Congreso: es la consecuencia esperable de una degradación moral paulatina que empezó desde que se aceptó la absurda teoría de que vulnerar derechos ajenos previamente, concede, después, el derecho a hablar por las propias víctimas de esa vulneración.
