La cuestión jurídica está abierta en los Estados Unidos: ¿puede o no el cumplidor presidente Donald Trump limpiar a su país del hampa extranjera y teledirigida que actualmente la envenena? ¿O no?, ¿o ya no puede el commander-in-chief actuar como tal, y le correspondería entonces dedicarse a camuflar una incapacidad ante el crimen, que a él le es ajena, a través de discursos dizque sociales, como tantos otros lo hacen en países de débil legalidad, a lo mejor ya no solo por incapacidad sino por alcahuetería con el delito? Sabrán con precisión los abogados constitucionalistas gringos si la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, es aún aplicable, pero por lo pronto valga recalcar que tal ley se encuentra vigente, y que, todavía, en los Estados Unidos los jueces no gobiernan. Por fortuna.
Llama la atención que se dispute la concurrencia fáctica de los dos elementos que harían practicable a la ley mencionada. Por un lado, abundan los enemigos internos de los Estados Unidos que vociferan que las actividades de los pobres angelitos deportados a El Salvador, en su mayoría del Tren de Aragua venezolano, no constituyen una invasión o incursión depredadora. Lógicamente, quienes defienden esto lo hacen por motivos politiqueros, y por ello es difícil aceptar que algún estadounidense les pueda creer, por más ingenuo que sea. Lamentablemente, hay personas que prefieren padecer a los delincuentes antes que arriesgarse a ser llamadas “fascistas” o “nazis”, como también pasa en Colombia. Es la extorsión retórica de los woke, con la que se agencian privilegios.
El otro requisito exigido en la polémica ley es el más difícil de probar: la invasión o incursión depredadora tiene que haber sido ordenada por una nación o un gobierno extranjero. ¿Cuál sería ese gobierno en este caso? A partir de las deportaciones efectuadas, la dictadura de Venezuela ha utilizado la palabreja que va perdiendo su sentido, “nazi”, para denunciar supuestas violaciones a los derechos humanos de parte de los gringos. ¡Maduro, defensor de los derechos humanos! Es claro que la apertura chavista de cárceles en Venezuela ha tenido el objetivo paralelo de ensuciar la vida en paz de los países que así lo permitan, quizás para debilitar sus instituciones; y sucede que, en efecto, el anterior gobierno yanqui (entre enajenado y cómplice) facilitó esta invasión silenciosa.
En buena hora Trump se adelantó a las decisiones judiciales ideologizadas, bienhechoras del malhechor, que pretendían prohibirle proteger a su gente de los dichos malandros, quienes además no son migrantes legales; y qué bueno que halló en Nayib Bukele, presidente de El Salvador, un socio de ánimo resuelto para lograrlo. Decía al principio que el debate en derecho estaba abierto en los Estados Unidos, pero debo corregir: esta pulseada es internacional, aunque no se reconozca así, porque la realidad actual indica que cada vez hay menos crímenes puramente locales, más cuando proliferan los seudointelectuales dedicados a deslegitimar las formas jurídicas que no les sirven, allá y acá. Al cabo de la pugna entre el sentido común y los falsos humanitarios, como el “oenegero” Maduro, deberá esclarecerse la verdad en favor de las genuinas víctimas de esta historia viciada.
