El otorgamiento del Premio Nobel de Economía de 2024 a los autores de “¿Por qué fracasan los países?”, Daron Acemoglu y James A. Robinson, además de Simon Johnson (que ha colaborado con Acemoglu), por sus aportes acerca de las razones que hacen a unos Estados pobres y a otros ricos, vuelve a poner ese eterno debate sobre la mesa. (A lo mejor, en lo que respecta a Colombia, el tema es oportuno en este momento histórico de decrecimiento institucional). Para los economistas ganadores del Nobel, muy en resumen, el asunto de la productividad no es siempre de cultura, clima, raza, educación o laboriosidad; o tal vez sí lo es, pero en conjunto y en concreto: para ellos, el problema fundamental es definir si un territorio cuenta con instituciones incluyentes para progresar.
Dicen los laureados autores que, sin esas instituciones incluyentes (que son la antítesis de los regímenes autocráticos), la propiedad privada y la economía de mercado, acompasadas por un fuerte Estado de derecho, nunca florecerán. Puede que, entonces, convenga entender que el Estado de derecho es la base de unas instituciones de inclusión que, a su vez, deberían garantizar que la economía no sea un juego de poder en el que las élites acaparen el crecimiento productivo, en desmedro de los menos aventajados, con las lógicas consecuencias de inestabilidad en el largo plazo que ello implica. Cabe agregar que tales secuelas del desequilibrio, en una especie de círculo vicioso, son las que aseguran la llegada de gobiernos populistas radicales que lo empeoran todo.
Quizás la tesis jurídica última de estos rigurosos investigadores no sea distinta de la que se ha venido vendiendo en Colombia, y en otras partes, desde hace décadas: el Estado social de derecho, y no solo un Estado de derecho, debería acondicionar tanto la estabilidad política y el crecimiento económico, de un lado, como la reducción de la desigualdad y el avance de la justicia, del otro. Está visto que esa idea tan simple como compleja puede funcionar si se la aplica con responsabilidad, aunque ni siquiera así haya certera exención de dificultades. A toda una generación de abogados colombianos se la ha formado con reflejos de esta utopía centrista, al punto de que habrá quien piense que ser abogado en esta nación significa en esencia alegar por la consolidación institucional.
Personalmente, creo, en contra de los que afirman que primero vienen las instituciones y luego las normas jurídicas, que solo quien acepta que estas se deben aplicar a todos sin distingo de nombres o de dignidades, puede en verdad llamarse institucionalista. Pues unas instituciones democráticas asentadas en la aplicación de la ley, o, lo que es igual, unas instituciones que incluyan a todos los sectores de la sociedad a partir de unas leyes mejor hechas para su materialización, son el único camino visto hasta ahora, tiempo hace ya, para reducir la pobreza desde el desarrollo (preocupación económica del Nobel de este año) y para hacer que cese la violencia en una sociedad. Si un país pobre se niega la posibilidad de trabajar por una productividad integradora y sostenible, desde el derecho, la economía, o el simple sentido común, allí solo habrá más atraso e infelicidad social.
