No seré yo el que redescubra el agua tibia: es cierto que a lo largo de la historia de la humanidad el estado de guerra entre los opuestos ha tendido a preceder a la negociación política, y que de ella ha surgido, con mayor o menor legitimidad, aquello que se llama derecho. De este, sabemos que puede tener fines últimos basados en viejas aspiraciones, y, en ese sentido, aceptables por los pueblos; por ejemplo, la paz, a través del logro del ideal de justicia; o, incluso, el desarrollo, mediante la facilitación de la eficiencia económica. También, desde el derecho, se ha pretendido que unos grupos prevalezcan institucionalmente. Sin embargo, en una sociedad de verdad democrática, la solución política tendría que exceder lo jurídico, para que la dicha negociación sea real y no solo aparente.
Pues la democracia ordena tener que convivir con sus imperfecciones. Es así como, a pesar de querer verlos trabajando hasta los domingos y festivos, no se le puede prohibir a un ministro o director de departamento administrativo, o incluso a un presidente de la República, expresarse en periódicos, emisoras o en redes sociales. Esas personas, no obstante su función pública, siguen siendo ciudadanos colombianos con derecho a formarse una opinión y decirla, aun cuando pueda discutirse si su acceso a información privilegiada de gobierno les debería permitir o no opinar en igualdad de condiciones, puesto que ello cabría interpretarlo como un intento de manipulación de la ciudadanía para imponer políticas públicas de su conveniencia particular. He ahí un debate vivo.
Ahora bien, si los políticos que administran el erario pueden opinar, ¿por qué los aspirantes a políticos no lo podrían hacer asimismo, incluso tratándose de periodistas profesionales? Así, a la negociación política en una sociedad democrática le debe surgir, incontestablemente, una segunda patica al lado del derecho, como resultado del consenso social: el periodismo. Siempre que este periodismo de información acate las reglas explícitas e implícitas de la veracidad, tiene que respetársele en Colombia su forma y sentido crítico al presentar las noticias, aunque a los detentadores circunstanciales del poder gubernamental ello les incomode. Forma y crítica que, claro, pueden estar determinadas por una ideología política o partidista. Es más, ojalá siempre lo estén.
He leído con asombro lo que han publicado La Silla Vacía y El Espectador en relación con la actividad periodística (¿y política?) de Vicky Dávila en la revista Semana. No conozco a Dávila ni soy defensor de oficio de nadie, pero cuando uno ve amenazada la libertad de una persona que se ha enfrentado sin mentiras al escenario actual, y con el valor que a muchos hombres les falta, al menos siente curiosidad. Resulta que el primero de esos medios considerará en adelante como candidata presidencial a Vicky Dávila, y que el segundo parece haberse hecho eco de ese abuso editorial utilizando a un columnista suyo. Además de la pobre justificación en ambos casos, queda en el aire la idea de que en la Colombia de hoy hay unos que deciden por otros si estos son candidatos a algo; lo que vendría a significar por extensión, ni más ni menos, que ahora existe gente que opina por uno.
