La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente produjo un amplio espectro de reacciones, que reflejan las profundas divisiones políticas en el país. El respaldo del ELN a esta iniciativa, dada la historia de este grupo armado ilegal en el conflicto armado colombiano, merma la confianza de un importante sector de la sociedad civil que ha denunciado el empleo de otras propuestas, como la paz total, para el reformismo del presidente.
Una Asamblea Constituyente, dependiendo de los límites que fije el Congreso, puede significar la reconfiguración de la estructura política y el ordenamiento jurídico colombiano. En teoría, es una vía para abordar problemas estructurales y buscar una transformación profunda en la justicia, la economía, los derechos humanos y la paz. Sin embargo, en la práctica, los resultados son impredecibles.
El apoyo del ELN a esta propuesta podría verse por algunos como una señal de disposición hacia el diálogo y la paz, pero no es clara cuál es su intención detrás del respaldo. ¿Es una estrategia genuina hacia la democratización o un cálculo político con objetivos perversos?
Las frecuentes referencias de Petro a Antonio Negri, quien tenía una visión particular sobre el poder constituyente, ponen en duda el apego a la institucionalidad democrática establecida en Colombia. ¿Es la movilización popular y la acción directa el mejor camino hacia el cambio estructural, o el riesgo de desestabilización debería ser suficiente para descartarla? En 2021, un inmenso grupo de jóvenes salió a las calles con justificadas preocupaciones existenciales, pero —producto de su instrumentalización política— terminó destruyendo y deteriorando la infraestructura del país en su propio desmedro.
Las preocupaciones de Ricardo Silva Romero, en su columna Diagnósticos, resuenan en este contexto. La distinción entre diagnóstico y remedio es crucial. Identificar correctamente los problemas de Colombia es un paso, pero no garantiza la efectividad de las soluciones propuestas. La Asamblea Constituyente, en manos equivocadas o implementada apresuradamente, podría convertirse en un instrumento de imposición de una agenda particular polarizante, ya sea de derecha o izquierda.
Un llamado a la prudencia. La eventual reforma constitucional es un asunto de magnitud monumental que debe abordarse con deliberación, inclusión y transparencia. La participación de diversos sectores, el debate abierto y el consenso son imprescindibles para que los cambios reflejen la voluntad colectiva y no solo la de un sector o ideología. En el contexto actual, los riesgos de erosionar las instituciones democráticas, generar desconfianza en amplios sectores de la ciudadanía y limitar la diversidad de opiniones son obstáculos insalvables.
Señor presidente, en este momento tan polarizado y delicado, lo más prudente es descartar la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Opte, en su lugar, por vías que fortalezcan la confianza pública, promuevan un diálogo inclusivo y, sobre todo, aseguren la preservación de nuestra democracia y el respeto a la diversidad de pensamiento en Colombia.