Resulta difícil comprender la razón por la cual las sociedades en peligro de perder los beneficios del sistema democrático y de las libertades que lo caracterizan carecen del juicio suficiente para impedir la demolición de las instituciones que lo sustentan, a pesar de que los soportes ideológicos utilizados y sus procedimientos no cambian con el tiempo. Los ejemplos de Cuba en el siglo pasado y de Venezuela y Nicaragua en los primeros decenios de esta centuria, cuyos padecimientos están a la vista de todos, no han sido suficientes para detener a quienes pretenden imponernos iguales fórmulas para sujetarnos a sistemas que conculcan nuestras más legitimas libertades.
Gustavo Petro no ha escondido su predilección por la aplicación de ese credo que se derrumbó después de la caída del muro de Berlín en 1989 y que conservamos cuidadosamente en los anales de la historia para conjurar su repetición. Hoy, desde la presidencia, y valido del apetito burocrático y contractual de partidos decadentes, procura su aplicación y vigencia, con dineros y amenazas de violencia, ante la ceguera de unos y la ignorancia de otros, que le han permitido escalar en una nueva etapa de agresiones factuales y repetitivas contra las empresas y el emprendimiento privados, consustanciales al sistema social y político que ha logrado las mayores conquistas de progreso y bienestar en la historia contemporánea.
Su discurso se ha radicalizado con elementos cada vez más pendencieros y estigmatizantes, que inició con la teoría del decrecimiento y hoy acompaña con arengas virulentas con las que califica de fascista de extrema derecha a sus contradictores, cuando no de asesinos y perpetradores de todas las injusticias que se presentan en la sociedad.
El intento de toma de la Revista Semana por la minga indígena, generosamente financiada por el gobierno, es consecuencia de la radicalización de su discurso que se extiende a la empresa privada, a la propiedad privada, y con ello a todas las formas que ella revista: las EPS, los fondos privados de ahorro pensional, la propiedad de la tierra, o todo emprendimiento privado cualquiera sea su objeto social y su actividad comercial.
Está llegando la hora de enfrentar los peligros que se acrecientan. Quizás a ello se deba la actitud del Congreso de retardar la aprobación de las reformas presentadas por el gobierno, pero llegará más temprano que tarde el momento de tomar decisiones por parte de todos los potenciales afectados por los objetivos del gobierno de dar libre curso a su agenda progresista y confiscadora. La incapacidad de ejecución del gobierno resulta prueba fehaciente de que la estatización del régimen hará imposible atender razonablemente todas las necesidades requeridas para superar los retos que se confrontan. Los gobiernos no producen riquezas, solo gastan, y los dictadores sin límites en provecho propio.
La democracia debe defenderse con los instrumentos que le son propios. Los estamentos de la sociedad deben influir en la decisión de las políticas públicas para que ellas respondan a las necesidades de la nación y alcancen mayores índices de legitimidad. Debe hacerse ahora, antes de que sea tarde para la defensa de las libertades.