La senadora del Centro Democrático aseguró que el Decreto 0765 de 2026 excede las facultades legales y podría generar afectaciones a los derechos de los propietarios de predios en el país.
La senadora y ex candidata presidencial Paloma Valencia lanzó fuertes críticas al Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por el Gobierno nacional, al considerar que la norma representa un riesgo para la propiedad privada en Colombia.
A través de su cuenta en la red social X, la congresista aseguró que el decreto, relacionado con el saneamiento de predios adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), va más allá de las facultades otorgadas por la ley.
"El Gobierno acaba de expedir un decreto que pone en riesgo la propiedad privada en Colombia", escribió Valencia al referirse a la nueva disposición.
Según la senadora, el decreto permitiría a la Agencia Nacional de Tierras cancelar gravámenes, producir efectos registrales con una promesa de compraventa y adelantar procesos de posesión inmediata de predios sin que exista una entrega física del inmueble.
Valencia sostuvo que estas medidas modificarían el Estatuto Registral mediante un decreto reglamentario, situación que, a su juicio, vulneraría el ordenamiento jurídico y las competencias de jueces y registradores.
#Atención | El Gobierno acaba de expedir un decreto que pone en riesgo la propiedad privada en Colombia.
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 23, 2026
El Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 excede de forma peligrosa las facultades de la ley: le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar "posesión inmediata" de predios en… pic.twitter.com/dL39tGUGAr
Además, cuestionó el trámite con el que fue expedida la norma. Indicó que el proyecto estuvo disponible para comentarios en el portal SUCOP entre el 2 y el 8 de julio y que fue firmado el 15 de julio por ministros encargados.
En otra de sus publicaciones, la congresista afirmó que el decreto podría afectar el acceso al crédito de pequeños y medianos productores, al establecer un código registral especial sobre los predios declarados de utilidad pública para fines de reforma agraria.
"Con un código especial de utilidad pública o reforma agraria en el folio de matrícula, ningún banco o entidad financiera le renovará un crédito ni le prestará un peso a ese agricultor", manifestó.
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La senadora también señaló que, en su criterio, la reforma agraria debe desarrollarse respetando la Constitución y el Estado de derecho, y sostuvo que la seguridad jurídica es una garantía tanto para los campesinos como para cualquier propietario de tierras.
El Decreto 0765 de 2026, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, establece disposiciones relacionadas con el saneamiento de predios adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras y la identificación de inmuebles declarados de utilidad pública para fines de reforma agraria.
