Escrito por:
María del Rosario Guerra
Columna: Opinión
e-mail: comunicacionesmrg@gmail.com
Twitter: @CharoGuerra
Sin duda los únicos que ganaron con el “Acuerdo Final” que entró en marcha el primero de diciembre de 2016, y que la mayoría de los colombianos le dijimos NO en el plebiscito fueron las Farc. Hoy no solo viven en la impunidad, no han reparado a una sola víctima con los recursos que dijeron iban a entregar, no han devuelto a los menores reclutados, y sus máximos líderes están con curul en el Congreso, sino que no hay mecanismo alguno ni autoridad competente que les exija cumplir con su parte de lo pactado con el gobierno genuflexo de Juan Manuel Santos.
Tristemente han pasado cuatro años desde que a espaldas de los colombianos se premió a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad; los mismos que hoy dan cátedra de moral, unos desde el Legislativo y otros peor aún desde la clandestinidad, lugar al que volvieron para alzarse en armas y vivir en la ilegalidad. Sin duda aquello de “verdad, justicia, reparación y no repetición” solo fue una frase plasmada en el papel para impulsar un pacto con el que le hicieron conejo a Colombia y a las más de tres millones de víctimas que dejó su actuar criminal.
El incumplimiento de las Farc es lo que ha caracterizado estos 1.460 días desde que el acuerdo entró en vigor. Los líderes de ese grupo solo han buscado excusas para no cumplir con las obligaciones adquiridas.
De otro lado, no entregaron la totalidad de las armas que dijeron tenían, y que el mismo gobierno Santos anunció con bombo. De las 14 mil armas solo llegaron a manos de la Onu 8.994 y no entregaron la totalidad de las caletas. Varias de ellas han ido apareciendo en el transcurso del tiempo gracias a la labor e inteligencia de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. En lo referente a la entrega de los menores de edad, que también han incumplido, solo entregaron 144 de los 6.800 menores reportados por la Fiscalía como reclutados, con el argumento de que se vincularon a sus filas de manera ‘voluntaria’ y que por supuesto muchos de ellos ya eran adultos.
A los anteriores incumplimientos se suma que no entregaron las rutas del narcotráfico ni han contribuido con la erradicación de cultivos ilícitos. Por el contrario, durante los dos años anteriores a la firma del acuerdo promovieron las siembras de coca y, además, sobre la base de que las familias recibirían $36 millones por hectárea erradicada, dispararon las hectáreas sembradas de coca hasta llegar a las 200 mil que hoy nos tienen con aumento de la criminalidad, más violencia en los territorios con presencia de cultivos ilícitos, muerte de líderes, y fortalecido el narcotráfico.
Ahora revisemos el panorama de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), justicia que parece haber sido diseñada a la medida de las Farc, ya que de la 33.410 decisiones judiciales adoptadas al 23 de octubre de 2020, ninguna ha sido para condenar a algunos de los 9.764 exguerrilleros de las Farc sometidos a dicho tribunal, porque los juicios increíblemente no han iniciado, en especial los de los máximos líderes de ese grupo guerrillero, quienes hoy, con descaro, niegan la comisión de graves delitos como reclutamiento forzado, abortos, violaciones, homicidios y secuestros, entre otros. Una burla para las víctimas.
Ahora me pregunto, ¿dónde están los que defendieron con tanto ahínco ese acuerdo sobre la base que las víctimas eran el eje central de esa negociación? y ¿quién le exige cumplimiento a las Farc?, preguntas que difícilmente tendrán una respuesta. No nos cansaremos de seguir exigiendo que las Farc cumplan y que dejen de señalar al gobierno Duque, que es el único que ha cumplido y con creces lo contenido en un acuerdo al que 6.426.615 colombianos le dijimos NO.
Reitero nuestro apoyo para la base desmovilizada de la guerrilla de las Farc para que materialicen con éxito su proceso de reincorporación social y productiva, pero para sus líderes exigimos que respondan con verdad y reparación a sus víctimas y al pueblo colombiano.