No más cinismo

Con el recrudecimiento de la violencia en algunas zonas del país, el rearme de los excombatientes de las Farc y el narcotráfico volvió al ruedo la escabrosa y reprochable práctica del reclutamiento forzado de menores. Privados de su libertad y en alto estado de indefensión, las víctimas son sometidas a maltratos físicos y sicológicos, obligados a realizar entrenamientos de combate, y en la mayoría de los casos, sometidos  a todo tipo de vejámenes sexuales.

El informe ‘Una Guerra Sin Edad’ del Centro de Memoria Histórica revela que entre 1960 y 2016, 16.879 menores fueron reclutados por grupos armados. 54% de ellos fueron privados de la libertad por las Farc, 27% por paramilitares, y 10% por el Eln.

Estos casos, ocurridos en su mayoría en el Sur del Tolima, Norte del Cauca, Urabá Antioqueño, Alto Sinú y Valle de Aburrá alcanzaron en su mayoría a menores entre los 10 y 14 años de edad, de los cuales 70% fueron hombres y 30% mujeres.

Entre tanto, el último informe presentado por el secretario general de las Naciones Unidas -ONU- al Consejo de Seguridad advierte que el reclutamiento de menores en nuestro país aumentó con la firma del Acuerdo Final entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, al pasar de 169 niños privados de la libertad en 2017 a 293 en 2018.

Miremos casos específicos. Antioquia es un departamento que históricamente ha registrado, y de manera continuada, las cifras más altas en materia de reclutamiento de menores. Información revelada por el Ejército da cuenta de que en 2019 aumentó este flagelo en un 30%, periodo en el que fueron recuperados 152 menores que estaban enfilados, de los cuales 22 salieron huyendo de las garras del crimen, por los maltratos y abusos a los que fueron sometidos. 

Para el caso del Meta, la Fiscalía confirma, en lo que va del año, cuatro casos de reclutamiento de menores; hechos que fueron reportados en Granada, La Macarena, Fuente de Oro y Villavicencio. Para 2018, la cifra fue de tres.

Por su parte, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -Coalico- alerta que esta práctica, en vez de disminuir, está aumentando en otros departamentos como Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Putumayo, Arauca y Cauca. Tristemente estos departamentos coinciden con las zonas donde tenían presencia las Farc, ahora están las disidencias de ese grupo y por supuesto el narcotráfico.

El panorama es doloroso. Por eso indigna que algunos ex guerrilleros de las Farc que han cometido esos delitos y que están en el Congreso, crean tener la autoridad moral para opinar o juzgar sobre el proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República para que a futuro, los delitos sexuales en contra de menores de edad sean juzgados por la justicia ordinaria y no en tribunales de justicia transicional como la JEP, para así garantizar justicia y no impunidad a los perpetradores de este delito abominable.

Olvidan que ellos fueron autores intelectuales y materiales del reclutamiento de cientos de menores de edad que fueron incorporados a sus filas y llevados, en contra de su voluntad, por el camino de la violencia. Esas personas deberían declararse impedidas para hablar y mejor, en un acto de vergüenza y de humildad si la tienen, pedir perdón a las víctimas, a cada uno de esos inocentes a los que obligaron a vivir una vida que no pidieron: cargando un fusil y huyendo de las balas. 

Hay que rechazar el cinismo de quienes hoy ocupan una curul en el Congreso y gozan de impunidad, entre otros por los delitos de reclutamiento de menores, abuso sexual e inducir abortos. Si tanto sienten lo que ocurre con el reclutamiento de niños deberían hacer un acto de contrición contando toda la verdad, pidiendo perdón de corazón y rechazar el reclutamiento de menores, los abusos sexuales, y usar menores como señuelo para protección de criminales.