Escrito por:
María del Rosario Guerra
Columna: Opinión
e-mail: comunicacionesmrg@gmail.com
Twitter: @CharoGuerra
El riesgo de cara a las elecciones regionales de octubre es alto para muchos candidatos de diferentes partidos políticos.
Pareciera que el debate electoral del próximo mes de octubre se hubiera convertido para algunos aspirantes y regiones en un escenario de violencia y miedo, pese a las medidas de protección del gobierno y el compromiso de asegurar la vida de los candidatos y el ejercicio libre de campaña. Pero la criminalidad de las disidencias de las Farc, el Eln, y los otros clanes asociados al narcotráfico, microtráfico y minería ilegal, quieren enturbiar el ambiente electoral, intimidar y sacar de la contienda a aquellos que levantan su voz para rechazar sus actuaciones.
Uno de los casos reciente y doloroso es el de Karina García, candidata liberal a la alcaldía del municipio de Suárez, Cauca. Ella, su madre y cuatro integrantes de su equipo de campaña, fueron emboscados y vilmente asesinados en una vía rural, luego de un evento político.
La masacre fue atribuida a alias ‘Mayimbú’, el temido jefe de las disidencias del sexto frente de las Farc que opera en el departamento del Cauca, objetivo de alto valor militar por el que el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de $100 millones.
A estos hechos se suma el asesinato del aspirante del Centro Democrático al concejo de Versalles en el Valle del Cauca, Alonso Álvarez, y el secuestro de Tulio Mosquera, candidato a la alcaldía del municipio de Alto Baudó, Chocó.
El ataque más reciente fue el atentado con granadas de fragmentación contra la vivienda de Betsaida Montejo, candidata a la alcaldía de San Calixto, Norte de Santander.
Estas acciones intimidatorias y violentas solo demuestran el afán que tienen los criminales, narcotraficantes y terroristas, para acallar las exigencias de la ciudadanía, representadas en cada uno de los candidatos que aspiran a ocupar cargos de elección popular.
Pero estos reprochables hechos no son los únicos que preocupan en el desarrollo de esta contienda electoral. De acuerdo con el último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre el 27 de julio y el 2 de septiembre pasado, el país registró 24 hechos violentos en contra de candidatos políticos, es decir un ataque o agresión cada día y medio.
Los partidos políticos que revisten mayor grado de amenaza son el partido Liberal, el partido de la U, Cambio Radical, Colombia Justa Libres, y el Centro Democrático; y los departamentos con mayores riesgos para realizar el libre ejercicio democrático son Antioquia, Chocó, Bolívar y Sucre.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que el riesgo electoral está presente en 402 de los 1.122 municipios del país.
La seguridad de los candidatos y regiones la están liderando las Fuerzas Militares y de Policía; quienes, al ser los encargados de garantizar el libre desplazamiento de los candidatos, deben fortalecer la inteligencia y la cooperación ciudadana. Además deben trabajar con los partidos y movimientos políticos para que haya también una mayor conciencia de autoprotección.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha recibido 400 solicitudes de medidas de protección para salvaguardar la vida de candidatos políticos a nivel nacional; y a la fecha 76 cuentan con un esquema asignado.
Confío en que la zozobra y la intimidación que criminales y narcoterroristas quieren imprimir al proceso democrático será frenada por la entrega, despliegue y firmeza de nuestros valerosos hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de Policía.
Para no dar cabida a los violentos, el ejercicio electoral debe continuar de la mano del seguimiento permanente en los comités departamentales de seguridad, y de los de mecanismos expeditos para reportar amenazas y valorar el riesgo de los candidatos y las regiones, esto contribuirá a proteger la democracia.