Resulta imperativo acordar una lucha frontal contra el fenómeno del hacinamiento carcelario en Colombia; hecho que genera conflictos de magnitudes incalculables.
Con relación al hacinamiento, Colombia registra 119.842 personas privadas de la libertad, cuando la capacidad del sistema penitenciario es de 80.203 reos. Las cárceles colombianas necesitan una verdadera reingeniería; donde la persona que ha sido sentenciada tenga la oportunidad de resocializarse sea cual fuese el delito. Es fundamental convertir la visión sectorial del manejo carcelario, bastante antiguo, anacrónico y obsoleto, que da origen a demasiadas críticas. La preocupación genuina de las autoridades debe estar motivada en garantizar las condiciones del grueso número de reclusos en la necesidad de ampliar la oferta de implementar y diseñar un óptimo sistema penitenciario.
El reto está focalizado a garantizar la estructuración y puesta en marcha de políticas de mayor importancia, que den frutos, se sustenten en argumentos de orden constitucional y en el cumplimiento de la normatividad. Bajo este contexto podemos afirmar que en las cárceles colombianas anida la confusión y el caos que no permite al recluso avanzar; por ello es indispensable coordinar actores y establecer estrategias que conlleven a realizar buenas practicas; un empoderamiento personal y comunitario a través de la lúdica y el aprendizaje; sostenemos que es inaudito que en Colombia se mezcle dentro de un mismo escenario (calabozos – celdas) personas de alta peligrosidad con simples indiciados, es un vivir a todas luces absurdo. Es una realidad irrefutable que el hacinamiento carcelario es total en el país; lo que dificulta espacios de instrucción y educación que mejore la calidad de vida del presidiario, haciéndolo productivo, no otra calidad de delincuente.
El hacinamiento en si debilita, desintegra y menoscaba la dignidad del ser humano; antecedente que ha estado presente por muchos años en Colombia; las preguntas que hacemos son: ¿Qué se está haciendo para desarraigar este fenómeno? ¿De qué sirven los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y otros organismos estatales que son fehacientes que los valores de la verdad, la justicia y la ética siguen siendo pisoteados en esos lugares? En ese sentido es menester garantizar el fortalecimiento de las cárceles en su estructura, dotación y administración con el alcance a funciones de seguridad; es decir instituciones que propicien desarrollo con equidad al ritmo del avance tecnológico; puedo afirmar que el sistema carcelario en Colombia ha colapsado bajo el peso de la propia incompetencia de las políticas aplicadas; su flujo masivo es un verdadero reflejo de vulnerabilidad de la dignidad. En otras palabras la normalización carcelaria está sujeta a un urgente proceso de reconstrucción con lineamientos que soporten un auténtico y eficaz programa de resocialización, que la población carcelaria al igual que la sociedad pide a gritos.
En síntesis el problema carcelario en el país, es un discurso que cala en el otro extremo del espectro ideológico, una vivencia que destruye la existencia, un panorama adverso en términos de percepción ciudadano.