Debido a las armas “depuestas por la Farc,” los colombianos nos encontrábamos convencidos que había llegado para el país la deseada etapa de la paz y que por fin, Colombia había alcanzado el título de las bendiciones para la prosperidad, pero no, debemos adquirir plena conciencia que día a día el delito golpea deshumanizadamente a esta nación a través de mecanismos criminales de instantáneos resultados desestabilizándonos en percusiones a veces imperceptibles pero de contundente ferocidad y barbarie.
Si fuésemos realistas, la actitud de los colombianos debería ser la de levantar las manos en señal de impotencia y decirle a la opinión mundial que somos impotente en la lucha contra este flagelo que ha llevado a los colombianos a la más alta situación de abatimiento. Todos los esfuerzos que el país ha implantado para supera esta mortal indisciplina han fracasado rotundamente.
Los secuestros que a diario sufrimos los colombianos indudablemente que la causa más común es el dinero, las ganancias ostentosas obtenidas por los delincuentes han hecho de este delito, junto con el narcotráfico, sea uno de los de mayor impacto y daño social, incluso los consecutivos secuestros han devaluado la vida humana, a la cual le ponen precio como recompensa a su lucrativo trabajo.
Hoy en Colombia el único delito es trabajar con honestidad y adquirir un leve capital, para que se le abra el apetito delincuencial a los que continuamente realizan fechorías y permanecen impune al amparo de los distractores creados con el único fin de desviar las investigaciones y la aplicación de la ley.
Por lo que vemos estas organizaciones criminales no están necesariamente encaminadas a desestabilizar al Estado, salvo que vean su lucrativo negocio amenazado por las medidas represivas que éste adopte para exterminar el secuestro. El crimen organizado no puede seguir haciendo de la vida de cada ciudadano de este país el sujeto pasivo de sus fechorías y el Estado no puede permitir que impunemente siga siendo considerado como un ente imponente ente la amenaza de la delincuencia organizada. Tampoco puede seguir permitiendo que el ciudadano sea la materia prima de un lucrativo negocio que a pesar ser una actividad desestabilizante y perturbadora del orden social, se permita su notable crecimiento sin que se logre un mecanismo que pueda aniquilarlo.
Nuestra legislación resulta insuficiente ante este tipo de organizaciones empresariales. Se necesita una legislación que tomen medidas radicales, fuertes, reales, coherentes, severas, directas, encaminadas a la fuente misma del crimen y a la desestabilización de las organizaciones delincuenciales.
Las nuevas tendencias criminales obligan a congreso a ponerse con los nuevos campos del delito, romper la barrera de la delincuencia que día por día ha aumentado su área de influencia y corroe cada vez más nuevos estamentos de la sociedad delimitando con una nueva frontera de su ampliación, que deberá ir más allá de los intereses hasta ahora establecidos y dejar un amplio territorio a merced de las acciones de las empresas del crimen.
Es evidente que nuestra justicia, la que aplican hoy jueces y magistrados está lejos de ser rápida pronta, eficaz y oportuna, ella ha contribuido a que la impunidad se acreciente, pues no se justifica, ni tiene explicación alguna, que en casos en se capture al delincuente en fragancia, o que éste confiese su delito, se dilaten en forma infinita los procedimientos con el deplorable resultado de que, finalmente se confunde la prueba, desaparece y se distorsiona para favorecer la impunidad.
Hoy se encuentran en el parlamento los verdugos frenéticos de ayer, todavía teñidos con sangre de nuestros hermanos y cubiertos con el despojo de la impunidad contestando presente en el congreso e implantando leyes, dizque para apagar el incendio que arde en Colombia, precisamente el incendio que ellos contribuyeron a prender.