Escrito por:
María del Rosario Guerra
Columna: Opinión
e-mail: comunicacionesmrg@gmail.com
Twitter: @CharoGuerra
El día 11 de diciembre de 2017, la calificadora de riesgo Standard & Poors decidió reducir la calificación crediticia de Colombia como emisor de deuda soberana en moneda extranjera desde BBB hasta BBB- y en moneda local desde BBB+ hasta BBB, con perspectiva estable. La reducción en la calificación se debe principalmente al bajo crecimiento económico y a la dependencia que tiene el país a los ingresos fiscales extraordinarios, para compensar el recaudo tributario menor al estimado y la vulnerabilidad del país a los ingresos petroleros.
Otras razones de esta reducción son el irresponsable manejo de la economía en los últimos años; el derroche presupuestal, ejemplo de ello es el costo de la nómina de la Rama Ejecutiva que entre 2010 y 2018 tendrá un aumento del 138%; la pérdida en la confianza de los consumidores, la cual en octubre se ubicó en -10.6; el incremento de la deuda del Sector Público No Financiero, que a septiembre de 2017 equivale al 54.7% del PIB, y el cambio de reglas de juego tras cinco reformas tributarias en el gobierno Santos.
El resultado de esta baja calificación es una realidad de la desaceleración económica y una alerta del alto nivel del endeudamiento del país. Juan Manuel Santos ha gobernado Al Debe pasando el endeudamiento del Gobierno Nacional Central del 34.9% PIB (2010) a 44.0 %PIB (2017), aumentando 9.1pp. Adicional a esto, la calificadora de riesgos resaltó que las presiones sobre el gasto por cuenta del proceso de paz (costo estimado en $129bill) y el incumplimiento de la meta de recaudo fiscal pueden llegar a aumentar la deuda pública como porcentaje del PIB y a una nueva reducción en la calificación del país.
En el monto de la deuda no están las vigencias futuras ($89 bill), la deuda con el sector salud ($7.1 bill), Electricaribe ($2.5 bill), entre otros.
El nuevo gobierno tiene que recuperar la confianza de nacionales y extranjeros en la economía, para crecer al menos al 5%, con menor carga tributaria, reglas de juego estables, austeridad efectiva en el gasto público, más emprendimiento productivo y mejores condiciones laborales a trabajadores que estimulen la productividad.