Fiscalía acusa a exministros Bonilla y Velasco de direccionar $612 mil millones en contratos públicos

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La Fiscalía General de la Nación reveló este lunes graves señalamientos contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), a quienes acusa de haber liderado una red criminal que habría direccionado contratos y convenios por más de $612 mil millones en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Los hechos fueron expuestos por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, durante la audiencia de imputación, en la que se responsabiliza a los exfuncionarios de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Según la Fiscalía, las presuntas irregularidades se extendieron entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo en el que Bonilla y Velasco ejercieron como ministros. Durante ese lapso, habrían direccionado 74 proyectos en Invías, con un valor superior a $571.700 millones, y cinco proyectos en la UNGRD, por más de $40.500 millones.

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Contratos a cambio de apoyo político

El ente investigador aseguró que los exministros impulsaron estos contratos para beneficiar a parlamentarios de varias comisiones del Congreso, con el propósito de fortalecer mayorías legislativas y asegurar el trámite de las reformas del Gobierno Nacional.

De acuerdo con la fiscal Patiño, una de las líneas de investigación indica que en junio de 2023 el entonces ministro del Interior habría ordenado al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, asistir a debates de la Comisión Séptima del Senado y entregar contratos a congresistas clave para garantizar apoyos a la reforma pensional.

La Fiscalía mencionó además que López debía ponerse a disposición de la senadora Marta Peralta Epiayú, quien lideraba la defensa de la reforma dentro del Legislativo.

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Una estructura criminal con roles definidos

En su exposición, la fiscal aseguró que Bonilla y Velasco fungieron como “cerebros” de una organización delictiva al interior del Gobierno, desde donde presuntamente emitían órdenes, coordinaban reuniones y supervisaban las gestiones necesarias para que los contratos fueran aprobados.

Según el ente acusador, el modus operandi consistía en “comprar congresistas” mediante la entrega de contratos financiados con recursos públicos, a cambio del apoyo a proyectos legislativos o para garantizar quórum en debates de importancia para el Ejecutivo.

La audiencia continuará con la exposición detallada de los proyectos y contratos que, según la Fiscalía, fueron concretados bajo este esquema.

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