El marco para la paz: la aplanadora legislativa haciendo lo que quiere

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Escrito por:

José Noriega

José Noriega

Columna: Opinión

e-mail: jmartinnoriega@hotmail.com



"Si quieres hacer la paz, no hables con tus amigos; habla con tus enemigos" (Moshé Dayán)

Otra vez, y sin ningún ápice de vergüenza, -la maquinaria gubernamental enquistada en el Congreso bajo la denominación de "unidad nacional"-, los áulicos del gobierno han derrotado a quienes consideran que el país requiere una dosis de moral y de ética y no seguir cayendo en esos eufemismos absurdos y ridículos que pregonan a cada rato y que conllevan a pensar que mediante la expedición de una ley ya estamos para sentarnos a buscar la paz, lo cual, para desgracia de muchos, no es cierto y es una teoría que merece ser revaluada para no seguir cayendo en esos maniqueísmos tontos y estúpidos que solamente han logrado que hayamos perdido valioso tiempo y vayamos, como en la novela de Fernando Vallejo, directo al despeñadero social.

En una disertación argumentativa bastante cerrada y con la férrea oposición de los amanuenses del ex emperador...cito, el Senado aprobó por apabullante mayoría, en su último debate, el denominado marco jurídico para la paz, el cual le da al presidente, al menos en teoría, las herramientas para pactar un acuerdo concertado con la guerrilla en un futuro, -quiera Dios-, no muy lejano, iniciativa esta que ha levantado ampollas y generado toda clase de polémicas de fondo.

Es menester aquí aclarar que, dentro del contexto sobre el cual se enmarca esta decisión legislativa, lo que se denomina desde hace muchos años como "conflicto armado interno" que en el pasado próximo era inaceptable por parte de gobiernos autoritarios y sátrapas, se eleva al rango constitucional y desde allí podrá dársele un tratamiento diferenciado al comportamiento de los grupos armados al margen de la ley, al igual que para aquellos agentes del Estado que hayan participado en las acciones mismas y que con su comportamiento transgredieron el orden institucional y es a partir de allí cuando las autoridades encargadas para tal fin podrán decidir a que tema darle prioridad y el presidente intervenir ante el Congreso para que, mediante la expedición de una ley estatutaria, y a través de ella seleccionar los responsables y a qué crímenes darle categoría de "lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra" cometidos de forma continua y sistemática y, desde allí, proponer diálogos y acuerdos que vislumbren la terminación de un conflicto fratricida que socava socialmente a la patria desde la misma existencia de su condición republicana.

Para optar a todas estas gabelas se requiere que cada quien deponga las armas y se declare como insurrecto ante el orden institucional aceptando su condición de responsable para de ese modo ser cobijado con el beneficio y para ello será imperativo que haya manifestación absoluta de la verdad y que esta conlleve a una reparación de las víctimas, al tiempo que entreguen a todas aquellas personas que mantengan secuestradas, y es aquí en donde se evapora un poco la naturaleza de la norma ya que no debería existir discriminación alguna entre comandantes y combatientes rasos y todos deberían ser sujeto del beneficio constitucional sobre el cual se ha generado el debate y que puede dar al traste con la iniciativa, -si no se concilian los estúpidos y absurdos odios-, y terminar por ser letra muerta o un saludo a la bandera y seguiremos inmersos en esta disputa y pulso fratricida en donde siempre perderá la patria y las personas más vulnerables, que son, a fin de cuentas, quienes llevan la peor parte y alimentan con sus despojos los lugares más inhóspitos de la geografía colombiana.

Ahora bien, como en este país y cada que se requiere sacarle el cuerpo a cualquier responsabilidad se crea una comisión, en este caso no existe la excepción y para ello la ley determina la creación de un "Comisión de la verdad" que tendrá como función primordial la selección de los criterios sobre los cuales los actores aspirantes al beneficio deberán acogerse y sobre ello definir la conexidad de algunos delitos que permitan su participación en el conflicto, desde el punto de vista político, aunque siempre se cacarea la exclusión de los delitos denominados de lesa humanidad y aquellos abominables que son de ejecución cotidiana en el país.

Sin embargo y esto produce hilaridad, durante el último debate se pudo observar una cruenta y álgida discusión que sobre el tema sostuvieron los senadores Juan Carlos Vélez, -alfil incondicional y abyecto del ex emperador…cito-, y el ponente de la ley, Roy Barreras, -un camaleón que cambia de franela dependiendo de las circunstancias que satisfagan su apetito y voracidad burocráticos- y en medio de un bochornoso espectáculo de quinta trataban de hacerle creer al país que debatían ideas argumentativas y simplemente la percepción era la de un par de verduleras tratando de quedar bien con el patrón, -el mismo que se opone a cualquier asomo de diálogo entre los actores del conflicto y el gobierno-, por cuanto él sigue creyendo dentro de su eunuco pensamiento que los conflictos se ganan es echando balas o poblando los centros carcelarios de integrantes de cualquier organización armada que, en muchos de los casos, están allí en contra de su voluntad.

Ahora viene lo más complicado para el presidente Santos y desde ya debe cambiar su discurso y enfilar baterías para lograr llegarle a los alzados en armas y para ello debe contar con el respaldo de la población civil, -entiéndase todos los colombianos-, olvidándose de esa posición guerrerista y del lenguaje de los fusiles, pues solo así la discusión se extenderá más allá de si habrá curul para Timochenko o, lo que es peor, quitar de la mente de los colombianos la idea de que la situación ha empeorado y pareciera estar saliéndose de las manos, haciendo énfasis en que la paz no se logra con leyes ni decretos, sino dialogando con el enemigo.