Por: Roberto Carlos Torres Aguas
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Hurtos, sicariatos, riñas, fiestas clandestinas con expendio, comercialización y consumo de sustancias alucinógenas en medio de la pandemia han contribuido al deterioro de la seguridad en la ciudad y en todo el departamento. El problema de la inseguridad ha ido ganando terreno por el contubernio existente entre mafias e instituciones. Economía ilegal y delincuencia se han incrementado.
Las redes sociales se convirtieron en el medio expedito para hacer visibles los acontecimientos que a diario se presentan en diferentes sectores de la ciudad.
Actividades como la extorsión y el microtráfico sirven para el financiamiento de grupos armados organizados, por ello no sorprende la capacidad operativa, el despliegue, accionar y la tenencia de armas de fuego que vienen empleándose para cometer todo tipo de delitos. El modus operandi de las bandas criminales ha evolucionado; la delincuencia común también se hace sentir con los atracos a personas y a establecimientos comerciales. Autoridades policiales y militares deben continuar combatiéndolas y no darles tregua.
Crecimiento demográfico junto a la crisis migratoria venezolana en los últimos años ha conllevado a que se tenga una población que supera los quinientos mil habitantes. Es mucho lo que se debe mejorar, repensar la ciudad en lo social, económico, ambiental y cultural. Eficiencia en la gestión de los recursos públicos permitirá cubrir necesidades básicas insatisfechas y ofrecer a los habitantes mejor calidad de vida que incluya la seguridad como eje para una sana convivencia. Un cambio sustancial en materia de seguridad que le devuelva la tranquilidad a la población debe estar integrado al plan de desarrollo.
Condiciones de pobreza y miseria son caldo de cultivo para las organizaciones criminales. Con trabajo articulado entre entes gubernamentales y la policía se pueden llevar a cabo jornadas de sensibilización que permitan prevenir y advertir a los jóvenes. ¿Qué otras acciones se pueden llevar a cabo? La implementación de programas sociales, generar espacios de capacitación y vinculación de la empresa privada con oportunidades laborales son fundamentales para hacerle el quite a la delincuencia. La inseguridad no es un flagelo nuevo, por lo cual se hace necesario entender su origen, sus causas para poder ser efectivos con las medidas que se pretendan realizar en el corto y mediano plazo.
Las estadísticas muestran el incremento de la alteración en el orden público, especialmente los fines de semana en diversos sectores de la ciudad. La población se siente sobresaltada, temerosa y exige poner en marcha planes de seguridad fundamentados en acciones que generen confianza. La percepción de sentirnos en peligro en cualquier lugar y a todo momento debe acabar. La delincuencia no puede estar un paso adelante de las autoridades, por lo cual urge una respuesta oportuna.
El nuevo código de policía (Ley 1801 de 2016), actualmente en vigencia trae consigo herramientas como la imposición de comparendos que buscan la interacción pacífica entre los ciudadanos, prevenir para evitar se llegue a instancias judiciales. ¿Se le está dando cumplimiento a la norma y que tan efectiva ha sido su aplicación en la ciudad? No se puede ocultar los hechos violentos y de intolerancia que ocurren en las tres localidades que conforman el Distrito De Santa Marta.
Una política pública de seguridad implica poder contar con soluciones concretas, estructurales y funcionales. Aumentar el pie de fuerza atendiendo el actual número de habitantes, actuar con policías encubiertos, más cámaras de vigilancia y espacios de participación para que los ciudadanos tengan el valor de expresar sus preocupaciones; de igual forma evaluar permanentemente las estrategias de seguridad existentes para determinar si son contundentes.
La inseguridad es un problema de fondo, es hora de actuar para evitar que la situación se vuelva insostenible.