Santa Marta, atraviesa una profunda crisis que afecta su desempeño como ciudad y la calidad de vida de sus habitantes, en especial, de los sectores más vulnerables. La principal causa de esta crisis, es la pérdida de la ética en el marco de la gestión de las instituciones públicas, lo que se traduce en el aumento de conductas corruptas, que han conllevado al detrimento del erario, incremento de la pobreza y desigualdad de la población, así como, el deterioro de la competitividad del territorio. “La ética pública, se refiere al desempeño de los empleados públicos basado en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública” (Reglamento del Código de Ética de la Función Pública).
En Santa Marta, la corrupción ha superado “sus justas proporciones” -parafraseando al expresidente Turbay-. Esta conducta, se observa tanto el poder ejecutivo como en los sistemas de justicia y órganos de control. De otra forma, no se explicaría el grado de impunidad que han logrado escandalosas denuncias e investigaciones por delitos y actuaciones dolosas conocidas por la opinión pública, cuyo final común, ha sido el vencimiento de términos. Así, no extraña ver cómo familiares de algunos jueces, fiscales, contralores y/o procuradores, con mayor frecuencia son contratados en entidades bajo el dominio de sus respectivos sujetos de investigación. Es decir, “una mano lava la otra”.
En cuanto al control político, los resultados más que pobres son vergonzantes. El Concejo, se ha convertido en una corporación donde el debate ha llegado a mínimos niveles de argumentación que evidencian el desinterés de los cabildantes en estudiar y analizar la realidad local. Muestra de ello, la sesión del pasado 19 de octubre, citada con el fin de hacer control político sobre la gestión de la Essmar, frente a la emergencia sanitaria producto del rebosamiento de aguas servidas que han afectado los sectores turísticos de El Rodadero y Centro Histórico.
Lo que comenzó como un debate con argumentos técnicos por parte del concejal Juan Carlos Palacio, quien cuestionó de la Essmar, “la falta de administración de capacidad técnica” y la baja inversión en el mantenimiento de las redes de alcantarillado, terminó en un lamentable espectáculo de señalamientos personales entre concejales afines a la Administración Distrital, y quienes ejercen la oposición. Es usual, que los corruptos intenten desviar la atención sobre sus responsabilidades mediante el típico: “usted es más corrupto –o inepto- que yo”.
El momento más penoso del debate fue protagonizado por el concejal Carlos Elías Robles, quien intervino para acusar al contralor distrital, Alexander Zabaleta, de hacer uso de redes fraudulentas para tener agua en su casa. Zabaleta, dio a entender que las acusaciones obedecían a retaliaciones personales, lo que llama la atención, pues días antes, había advertido mediante informe oficial que el problema de los rebosamientos no lo originó un supuesto saboteo, según lo manifestado por la Essmar, sino la falta de mantenimiento a las bombas de la Ebar Norte. Al parecer, la estrategia de “los de ahora”, es deshonrar al oponente para luego descalificarlo políticamente.
Al final, quienes buscaban sabotear la sesión, lo consiguieron. Bastó ver los titulares del día siguiente en medios locales, que poco o nada referenciaron lo denunciado y soportado técnicamente durante el debate. El espacio para defender los intereses de los samarios y exigir soluciones efectivas y definitivas frente a los problemas enunciados, se convirtió en un vulgar parloteo.
La conducta de los servidores públicos, está muy relacionada con el desarrollo de los territorios, pues sus prácticas de administración y gestión, deben ser congruentes con los valores y principios del servicio público. En Santa Marta, los resultados reflejan el alto costo socioeconómico que genera la falta de ética en el servicio público. Los corruptos, han pervertido el “pacto social” entre instituciones y ciudadanía, para instaurar el “todo se vale”, en la lucha por el poder político-económico.
Ausencia de ética pública, es un pueblo empobrecido a costa del enriquecimiento de sus gobernantes. ¿Hasta cuándo los samarios tolerarán la corrupción y la impunidad que se financia con sus bolsillos? ¿Hasta cuándo los medios se prestarán para este juego de desinformación y oportunismo político?