El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, ha sido suspendido provisionalmente por tres meses por la Procuraduría General de la Nación, debido a posibles irregularidades durante el proceso de licitación de pasaportes, según confirmó la entidad el 24 de enero.
Además de ratificar la suspensión, la Procuraduría inició una nueva investigación contra el ministro por presunto desacato a dicha orden. Asimismo, ha remitido los documentos pertinentes a las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia para evaluar si la conducta del ministro puede constituir un delito que requiera investigación penal.
Tras analizar detenidamente los hechos, las pruebas y el procedimiento llevado a cabo por la Sala, así como revisar el marco jurídico, la jurisprudencia y las respuestas proporcionadas a los argumentos de la defensa, el ente de control disciplinario concluyó que la decisión inicial contra el funcionario del Gobierno fue adoptada de manera legal.
Se determinó que la procuradora Margarita Cabello no vulnera los derechos y garantías de Álvaro Leyva al limitarse a anunciar la formulación de cargos, sin que ello afectara la imparcialidad. Además, se verificó que no se realizaron comentarios ni se emitieron calificativos sobre el caso específico.
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A pesar de ello, el canciller se enfrenta a un escrutinio más riguroso. La Procuraduría también ha dispuesto la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán por presunto desacato a la medida de suspensión provisional, a pesar de haber sido debidamente notificada y requerido su cumplimiento inmediato.
Por eso, la Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que entre los aspectos sujetos a revisión se incluyen las decisiones que presuntamente el titular de la cartera habría tomado y las comunicaciones enviadas en nombre de la Cancillería de Colombia, a pesar de su suspensión y la inhabilitación para ejercer las funciones correspondientes.
En consecuencia, la Procuraduría ha anunciado que investigará el supuesto incumplimiento del funcionario, como lo informaron varios medios de comunicación del país, que sugieren su permanencia en el cargo y su decisión de apartarse solo una vez que el presidente nombre a su reemplazo.
Por último, ha solicitado pruebas para verificar la veracidad de los hechos mencionados, determinar si constituyen una falta disciplinaria y evaluar si se actuó dentro de una causal de exclusión de responsabilidad.
