La Sierra Nevada de Santa Marta es el corazón del mundo para los pueblos originarios. Es también el pulmón ambiental del Caribe, un corredor estratégico de la frontera norte, reserva de agua, territorio pluriétnico y memoria viva de una región que ha padecido abandono, violencia y exclusión. Aun así, sigue siendo uno de los lugares más hermosos de Colombia.
Durante décadas, la ausencia selectiva del Estado permitió que estructuras armadas ilegales ocuparan funciones básicas de autoridad. Allí donde no llegaron el agua, la justicia, la educación, las vías, la salud ni las oportunidades para los jóvenes, llegaron otros con armas, miedo, extorsión y control social. Esa realidad no puede seguir maquillándose con discursos ni con diagnósticos repetidos que han generado ruido, poco avance y desesperanza.
Por eso, la continuidad del proceso de paz en la Sierra Nevada debe sostenerse, pero con rigor y sin vetos. No se trata de una negociación política con una insurgencia, sino de un proceso judicial, territorial y humanitario con actores armados con arraigo y control territorial. Esas organizaciones deben someterse a la justicia, entregar verdad, reparar a las víctimas, desmantelar sus redes económicas y cesar toda forma de dominio violento sobre la población. También deben abrirse caminos para que quienes abandonen la criminalidad puedan aportar a la sociedad desde otros espacios de la vida civil.
La paz no puede confundirse con impunidad. Tampoco con una guerra total que termine castigando, otra vez, a las comunidades. El camino democrático exige un piso jurídico claro. El Congreso debe expedir una ley de sometimiento que defina beneficios proporcionales, condicionados y revocables. Sin esa arquitectura legal, el Gobierno conversa, la Fiscalía judicializa, las comunidades desconfían y los armados calculan.
Pero la ley, por sí sola, no basta. Si una estructura se repliega y el Estado no ocupa integralmente el territorio, otros actores llegarán a administrar las mismas rentas ilegales. Ese reciclaje de la violencia sería letal. Por eso, cualquier proceso de desmovilización debe estar acompañado de fuerza pública con enfoque de derechos humanos, justicia ordinaria, protección a líderes sociales, presencia institucional, inversión productiva y garantías para la infancia. También debe ofrecer nuevas oportunidades a quienes decidan dejar las armas y construir un proyecto de vida dentro de la legalidad.
La paz se mide en hechos concretos: cuando baja la extorsión, cuando un joven deja de ser reclutado, cuando una lideresa puede hablar sin miedo, cuando un campesino trabaja sin pagar vacuna, cuando el turismo deja de financiar mafias y cuando el agua llega como derecho, no como favor político. Sobre todo, cuando se puede caminar el territorio con tranquilidad.
Santa Marta tiene ante sí una oportunidad histórica. A quinientos un año año de su fundación, no puede limitarse a celebrar una postal colonial mientras sus corregimientos, ríos, playas y montañas siguen cargando deudas sociales centenarias. El verdadero legado debe ser democracia y paz con justicia social y desarrollo humano sostenible, con agua, seguridad humana, reordenamiento territorial, memoria, turismo sostenible, desarrollo agroindustrial y protección ambiental. La Sierra no puede esperar. La paz debe continuar, pero con verdad, justicia, Estado, comunidad y democracia. Aún hay esperanza y fe y entre todos, estamos dispuestos a seguir apoyando este esfuerzo.
