La intervención de Cepeda la semana pasada no fue un acto de valentía política, sino una demostración pública de pánico. Su intento de desconocer los resultados electorales, acompañado de condiciones absurdas y amenazas de desobediencia civil, revela el estado de desesperación de una izquierda que ya no controla la narrativa, ni la calle, ni el pulso ciudadano.
Cepeda exigió que Petro no fuera extraditado, que Abelardo renunciara a su nacionalidad estadounidense y que explicara supuestos vínculos con agencias de inteligencia. Ninguna de estas pretensiones tiene sustento jurídico. La extradición es un proceso judicial, no un arma política. Requiere evidencia suficiente, concepto de la Corte Suprema y, solo al final, decisión presidencial. Si algún ciudadano —incluido Petro o cualquier otro actor político— llegara a ser solicitado en extradición, sería porque existe evidencia que justifica llevarlo a juicio. Punto. Convertir ese mecanismo en un chantaje político es desconocer la ley y subestimar la inteligencia del país.
Pero lo más revelador no fue la ignorancia jurídica, sino la amenaza de desobediencia civil. Cepeda habla como si la izquierda aún fuera dueña de la calle. No lo es. Y ellos lo saben.
La campaña de Abelardo rompió el molde de la política colombiana: autofinanciación real, independencia de partidos tradicionales, aprovechamiento de la penetración tecnológica para conectarse con los electores, y un mensaje que conectó con las preocupaciones concretas de la mayoría que lo eligió. Su fuerza no provino de maquinarias ni de burocracias, sino de una movilización espontánea, orgánica y masiva. Ese tipo de fenómeno es imposible de enfrentar con las viejas tácticas de presión y clientelismo.
La izquierda también sabe que buena parte de los 12 millones de votos que obtuvo está atada a la chequera estatal y a redes burocráticas. Sin esos incentivos, su base se reduce a su 30% tradicional. Esa realidad explica el nerviosismo, la reacción desordenada y la necesidad de fabricar crisis donde no las hay. No podían creer que, con todo el aparato estatal, no lograron imponerse. Y ahora temen que el país haya descubierto que su poder era menos político y más burocrático y producto de la corrupción desbordada.
Cuando un movimiento pierde la calle, pierde la iniciativa. Y cuando la pierde, recurre a tácticas desesperadas: deslegitimación institucional, amenazas veladas, llamados a la confrontación y alianzas con grupos radicalizados. La presencia de organizaciones marginales como la JUCO en momentos de tensión no es coincidencia; es síntoma de que la izquierda institucional ya no puede movilizar por sí misma.
Entre otras cosas, le hago un llamado a esos jóvenes que forman parte de esas organizaciones que creen que con violencia y destrucción cambiarán al país, para que intenten esta vez ayudar a construirlo. Los invito a que hagan presencia en las comunidades vulnerables a formar talento humano y liderazgos efectivos que en el tiempo tengan impacto real en la vida de esas comunidades. Destruir, incendiar y gritar no requiere tiempo y lo hace cualquiera. Construir, formar gente, echar pala y cemento, toma tiempo y demanda gente capaz de hacer la diferencia. Los invito a echar pala y no bala.
Una izquierda fuerte debate. Una izquierda débil presiona. Una izquierda acorralada amenaza. Cepeda eligió la tercera vía. Su declaración no fue una estrategia: fue un grito de alarma. Un reconocimiento implícito de que el país cambió y de que la izquierda ya no tiene el monopolio de la movilización social.
Colombia votó —según los resultados oficiales ya certificados— por orden, seguridad y límites claros frente a quienes vulneren derechos ajenos. Ese mandato democrático es contundente. En ese contexto, las amenazas de desobediencia civil no solo son improcedentes: son contraproducentes. Revelan miedo, no fuerza.
Los tiempos cambiaron. Y quienes sigan actuando como si nada hubiera pasado terminarán hablando solos, en un país que ya no gobiernan.
