La medida provisional ordena revisar los protocolos de las operaciones militares para reforzar la protección de menores de edad en zonas de conflicto.
Un juzgado administrativo ordenó la suspensión provisional de los bombardeos contra grupos armados ilegales en el departamento de Arauca, al resolver una acción de tutela presentada por el personero municipal de Puerto Rondón, quien solicitó medidas para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes en medio de las operaciones militares.
La tutela fue interpuesta por Óscar Fernando Vanegas Ávila, personero de Puerto Rondón, quien actuó en defensa del interés público y como agente oficioso de los menores de edad. En el recurso argumentó que era necesario fortalecer los protocolos de actuación para evitar afectaciones a esta población y garantizar el respeto de los principios del Derecho Internacional Humanitario.
Como parte de la decisión, el despacho judicial ordenó al presidente de la República, al ministro de Defensa y al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana revisar, en un plazo máximo de dos meses, los procedimientos utilizados para planear las operaciones de ataque estratégico, interdicción aire-tierra y apoyo aéreo cercano.
El fallo señala que, mientras se adelanta esa revisión y se adoptan los ajustes correspondientes, los bombardeos en el departamento deberán permanecer suspendidos. El objetivo es fortalecer las medidas de prevención frente a la posible presencia de menores de edad en los territorios donde se desarrollan operaciones contra estructuras armadas ilegales.
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Además, la decisión dispone que, una vez actualizados los protocolos, estos deberán ser socializados con las unidades militares que operan en Arauca mediante directrices internas y jornadas de capacitación sobre Derecho Internacional Humanitario, haciendo énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes vinculados de manera forzada a organizaciones criminales.
El uso de bombardeos ha sido uno de los temas más debatidos durante el actual Gobierno debido a los casos en los que menores reclutados por grupos armados han resultado muertos durante operaciones militares. De acuerdo con cifras divulgadas recientemente por Medicina Legal, alrededor de 65 menores de edad habrían fallecido en este tipo de acciones durante el actual cuatrienio, principalmente en departamentos como Arauca, Guaviare y Putumayo.
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La suspensión tendrá carácter provisional hasta que las autoridades competentes cumplan con la revisión y adecuación de los protocolos exigidos por el despacho judicial, que busca garantizar un mayor nivel de protección a la población civil en el desarrollo de las operaciones militares.
