La auditoría que podría destapar el mayor escándalo administrativo del campo colombiano.
La transición entre el gobierno Petro y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella será la primera gran prueba de fuego para el sector agropecuario. Más allá del discurso de la Reforma Agraria, Colombia conocerá si uno de los mayores presupuestos destinados al campo en su historia reciente se tradujo en productividad, competitividad y bienestar para los productores, o si terminó atrapado entre la ineficiencia administrativa, la centralización del poder y presuntas irregularidades que ahora deberán ser esclarecidas por los organismos de control.
El empalme entre el gobierno Petro y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella no puede reducirse a un simple intercambio de informes. El país tiene derecho a conocer qué ocurrió con los billonarios recursos destinados al agro colombiano y si ese esfuerzo fiscal produjo los resultados prometidos.
Durante este cuatrienio, el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas administraron uno de los mayores presupuestos de las últimas décadas para ejecutar la denominada Reforma Agraria. Sin embargo, el verdadero debate ya no gira alrededor de cuánto dinero se invirtió, sino de qué tan eficiente fue su ejecución y cuál fue su impacto sobre la productividad, la competitividad y la seguridad alimentaria. Los propios informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo evidenciaron rezagos importantes en varias metas estratégicas.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) será, sin duda, el principal foco de auditoría. Las denuncias públicas sobre presuntas compras de predios con sobrecostos, tierras improductivas, inundables, con dificultades jurídicas o tributarias, además de los retrasos en su adjudicación, exigen una revisión integral por parte de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Si estos hechos llegan a comprobarse, Colombia podría estar frente a uno de los mayores escándalos administrativos del sector agropecuario.
Pero limitar el análisis a la ANT sería un grave error.
La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) deberá explicar los resultados de programas estratégicos como la asociatividad, la extensión agropecuaria, la transferencia tecnológica y los proyectos de riego y drenaje, cuyo impacto dista de las expectativas generadas. El ICA también tendrá que responder por los retrasos en la consolidación del sistema nacional de trazabilidad animal y la implementación del Sinigán V6, herramienta esencial para fortalecer el estatus sanitario y ampliar el acceso de la ganadería colombiana a los mercados internacionales.
Agrosavia, por su parte, entrega un balance preocupante. Mientras las principales potencias agrícolas fortalecen la investigación y la innovación, Colombia llega al final del cuatrienio con limitaciones presupuestales que afectan el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento hacia los productores.
Igualmente deberán revisarse los resultados de Vecol, Finagro y el Banco Agrario, estableciendo si el crédito rural, los incentivos financieros y los instrumentos de fomento realmente beneficiaron al pequeño y mediano productor o terminaron absorbidos por la burocracia y la baja ejecución.
Un capítulo que tampoco puede pasar inadvertido es el de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Más de una década después de expedida la Ley de Víctimas, el país debe evaluar no solo las hectáreas restituidas, sino la sostenibilidad de los procesos, el retorno efectivo de las familias y el cumplimiento de las órdenes judiciales. La reparación integral no puede medirse únicamente por estadísticas.
Pero existe una preocupación aún mayor.
Durante estos cuatro años, el Ministerio de Agricultura dejó de limitarse a orientar la política sectorial para asumir un modelo altamente centralizado en la administración de la tierra, la asignación de recursos y la ejecución de programas estratégicos. Desde una visión crítica, esa concentración fortaleció el control político sobre buena parte de la institucionalidad agropecuaria y generó enormes expectativas entre miles de productores y campesinos que hoy reclaman resultados que nunca llegaron.
El empalme deberá establecer si la política agropecuaria respondió realmente a una estrategia de desarrollo rural o si terminó convirtiéndose en una plataforma de movilización política sustentada en promesas que no se tradujeron en mejoras estructurales para el campo colombiano.
El verdadero juicio no será político. Será técnico, financiero y jurídico.
Si las auditorías encuentran irregularidades, corresponderá a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría establecer las responsabilidades individuales. Dependiendo de los hechos demostrados, podrían investigarse conductas como peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato, falsedad documental o concierto para delinquir, siempre dentro del marco del debido proceso.
El campo colombiano no puede seguir siendo escenario de experimentos ideológicos ni de promesas incumplidas. Ha llegado la hora de las auditorías, de la rendición de cuentas y de la verdad. Cada peso perdido por corrupción, ineficiencia o improvisación les arrebató oportunidades a millones de campesinos que siguen esperando vías, riego, crédito, asistencia técnica, investigación, tecnología y acceso a los mercados. El nuevo gobierno tiene la obligación moral y constitucional de abrir los archivos, auditar cada contrato y devolverle al agro colombiano la confianza que nunca debió perder. Si hubo aciertos, deberán reconocerse; pero si hubo despilfarro, negligencia o corrupción, Colombia tiene derecho a conocer toda la verdad. Porque solo la verdad permitirá reconstruir el campo colombiano.
