El Proyecto Macacua, que por más de $4.999 millones le entregó el gobierno al Cabildo Indígena, disparó las alarmas entre quienes ven el reconocimiento del cabildo como una amenaza a sus propiedades.
El futuro territorial de Taganga continúa generando opiniones divididas entre habitantes, autoridades y representantes del Cabildo Indígena. Aunque el corregimiento aún no ha sido declarado oficialmente Resguardo Indígena, el proceso de reconocimiento territorial ha despertado inquietudes sobre las posibles implicaciones para la comunidad.
El Cabildo Indígena de Taganga, reconocido por el Ministerio del Interior desde 2020, sostiene que la iniciativa busca proteger el territorio ancestral, fortalecer la identidad cultural y garantizar la conservación del patrimonio ambiental y marítimo de la zona. Asimismo, argumenta que el reconocimiento permitiría una mayor participación de la comunidad indígena en las decisiones que afecten su territorio.
Sin embargo, algunos residentes y propietarios han manifestado preocupación por los posibles efectos sobre la propiedad privada, el desarrollo turístico y la gobernanza local. Frente a estos temores, representantes del Cabildo han señalado en diferentes escenarios que el reconocimiento de un resguardo no implica el desalojo automático de propietarios particulares, ya que la legislación colombiana protege los derechos legalmente adquiridos.
Expertos recuerdan que la eventual creación de un resguardo indígena supone un proceso administrativo y jurídico complejo, en el que intervienen entidades del Estado y deben analizarse aspectos históricos, territoriales y legales antes de adoptar una decisión definitiva.
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El Proyecto Macacua, que por más de $4.999 millones le entregó el gobierno al Cabildo Indígena, disparó las alarmas entre quienes ven el reconocimiento del cabildo como una amenaza a sus propiedades.
No obstante, el proyecto está dirigido a la recuperación y conservación ambiental y cultural del territorio y “maritorio” ancestral de los indígenas de Taganga en el Parque Nacional Natural Tayrona y zonas circunvecinas, cuya fuente de financiación es el Fondo para la Vida y la Biodiversidad para ejecutar en un plazo de 12 meses.
Según la Veeduría Ciudadana Taganga Despierta, el reconocimiento del cabildo preocupa porque con ello el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras, estaría entregando las tierras, en su mayoría ocupadas por poseedores de buena fe desde tiempos ancestrales, al cabildo.
“La preocupación es porque Taganga tiene el 80 por ciento de sus propiedades que no cuentan con escritura pública, porque tenemos una problemática grande, que consiste en que las autoridades nos han anulado, se reúnen con el cabildo indígena en una playa muy lejana a tomar decisiones a nombre de nosotros”, anotan.
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La problemática se planteó en una asamblea general realizada el pasado 25 de junio en horas de la tarde, en la cual se acordó la realización de una marcha pacífica para el 8 de julio a partir de las 7 de la mañana, la cual partirá desde la iglesia del corregimiento hasta la sede de la Agencia Nacional de Tierras.
