La decisión respalda la Acción Popular promovida por los personeros de Barranquilla y Santa Marta para desmontar el régimen tarifario especial. Aunque la Creg aseguró que las medidas adoptadas han reducido las tarifas, advirtió desde 2025 que prorrogar ese régimen podría constituir un desacato a la orden judicial.
La decisión del Consejo de Estado de confirmar el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordena reducir las tarifas de energía en la región Caribe volvió a poner sobre la mesa el debate por el régimen tarifario especial que durante años ha impactado el bolsillo de millones de usuarios.
La determinación judicial respalda la Acción Popular presentada por los personeros de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, y de Santa Marta, Edwar Orozco, quienes promovieron el proceso al considerar que los habitantes de la Costa Caribe estaban siendo sometidos a tarifas de energía más altas que las del resto del país.
Sin embargo, pese a la ratificación del alto tribunal, los representantes del Ministerio Público cuestionaron que el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, no haya permitido la eliminación definitiva del régimen transitorio especial, manteniendo vigente la denominada sobretasa de comercialización.
La Creg había advertido sobre un posible desacato
Uno de los aspectos más relevantes conocidos tras la decisión judicial es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ya había advertido al Gobierno Nacional, desde noviembre de 2025, sobre las implicaciones de prolongar el régimen especial tarifario.
En una comunicación enviada al presidente Gustavo Petro y al ministro Edwin Palma, el organismo regulador señaló que mantener vigente dicho esquema iba en contravía de lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Según la Creg, permitir la expedición de la resolución definitiva con la nueva metodología de comercialización habría significado la terminación automática del régimen transitorio especial, lo que aliviaría de manera definitiva el costo del servicio para millones de usuarios de la región Caribe.
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En esa misma comunicación, la Comisión advirtió que prorrogar el régimen podía ser interpretado por el Tribunal como un desacato a la orden judicial, además de afectar los avances alcanzados en la reducción de las tarifas.
Una resolución que sigue sin aplicarse
De acuerdo con los personeros, la Creg adelantó todas las actuaciones regulatorias ordenadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico tras las medidas cautelares emitidas el 22 de agosto de 2024.
Como resultado de ese proceso, la entidad expidió 17 resoluciones y actos administrativos, entre ellos la eliminación del cobro asociado a las pérdidas por robo de energía, un cargo que, según señalaron, únicamente asumían los usuarios de la región Caribe.
No obstante, la última resolución, destinada a eliminar la sobretasa de comercialización, permanece desde finales de 2025 en la Presidencia de la República y en el Ministerio de Minas y Energía, sin que haya sido llevada a discusión en las sesiones de la Creg.
Los personeros sostienen que esta situación ha permitido que cerca de tres millones de usuarios de las empresas Air-e y Afinia continúen pagando ese cargo adicional.
Las tarifas ya han disminuido
Aunque el régimen especial no ha sido desmontado completamente, la propia Comisión de Regulación de Energía y Gas reconoció que las decisiones derivadas de la Acción Popular han tenido un impacto positivo sobre las tarifas.
En la comunicación dirigida al Gobierno Nacional, la entidad informó que entre agosto de 2024 y septiembre de 2025 el Costo Unitario (CU) del servicio disminuyó de manera significativa.
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En el mercado atendido por Air-e, el costo pasó de 1.072 pesos por kilovatio hora a 795 pesos, lo que representa una reducción del 26 %.
Por su parte, en el mercado operado por Afinia, el costo disminuyó de 1.007 pesos a 906 pesos por kilovatio hora, equivalente a una reducción del 10 %.
Personeros insisten en el cumplimiento del fallo
Tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, los personeros Miguel Ángel Alzate y Edwar Orozco calificaron el fallo como un precedente para la defensa de los derechos colectivos de los usuarios del servicio de energía.
"Esta decisión del Consejo de Estado es histórica. Respalda la Acción Popular del magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo que ordenó reducir las tarifas y ponerle fin a la gran injusticia que se estaba cometiendo con nuestra región en materia de energía eléctrica", expresaron.
No obstante, insistieron en que el Gobierno Nacional ha actuado en contravía de las decisiones judiciales al mantener vigente el régimen transitorio especial y no permitir la expedición de la resolución que eliminaría la sobretasa de comercialización.
Según los representantes del Ministerio Público, la prórroga del régimen desconoce tanto la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico como la reciente ratificación del Consejo de Estado y las advertencias realizadas por la Creg.
