Un total de 151 familias cafeteras aseguraron que las acciones adelantadas por entidades del Gobierno Nacional ponen en riesgo predios que, según afirman, cuentan con títulos de propiedad y tradición legal. También solicitaron la suspensión del proceso judicial y una auditoría a las entidades involucradas.
Un grupo de familias cafeteras del corregimiento de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta, denunció públicamente lo que consideran un intento de despojo de sus predios por parte de entidades del Gobierno Nacional, en el marco de un proceso judicial relacionado con la restitución y formalización de tierras.
A través de un comunicado, representantes de las comunidades indicaron que 151 familias enfrentan un proceso promovido por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el cual, según sostienen, afecta predios adquiridos de buena fe y respaldados con escrituras públicas y otros documentos de propiedad.
Los voceros afirmaron que las fincas involucradas hacen parte de una zona tradicionalmente cafetera y rechazaron cualquier señalamiento que las relacione con ocupaciones ilegales o actividades ilícitas.
Comunidades cuestionan actuación de entidades nacionales
En el pronunciamiento, las Juntas de Acción Comunal de Palmor manifestaron su inconformidad con el desarrollo del proceso y aseguraron que las actuaciones de las entidades estatales han generado incertidumbre entre las familias campesinas.
Los líderes sostienen que durante décadas la comunidad ha afrontado el abandono estatal en materia de infraestructura, vías, salud y acceso a servicios básicos, y consideran que ahora enfrentan un proceso que podría comprometer la permanencia de sus predios.
Asimismo, señalaron que las tierras cuentan con escrituras públicas, registros de tradición, certificados catastrales y pagos del impuesto predial, documentos que, según indican, respaldan la legalidad de su propiedad.
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Piden suspensión del proceso y cambios institucionales
Entre las solicitudes planteadas al Gobierno Nacional y a los organismos de control, las familias pidieron la suspensión inmediata del proceso judicial que actualmente cursa, así como una revisión de las actuaciones adelantadas por las entidades responsables.
También solicitaron el relevo de algunos funcionarios vinculados al caso y propusieron que se nombre personal con experiencia en asuntos rurales y conocimiento del sector cafetero para atender este tipo de procesos.
Los voceros anunciaron además que preparan una movilización hacia Bogotá para exponer su situación ante el Ministerio de Agricultura y el Congreso de la República, donde esperan presentar la documentación que, aseguran, demuestra la legalidad de sus predios.
Solicitan auditorías y reparación
Las organizaciones campesinas pidieron que el próximo Gobierno adelante una auditoría sobre las actuaciones de la URT, la ANT, el Ministerio de Agricultura y otras entidades relacionadas con la política de tierras.
Igualmente, solicitaron que se evalúe una eventual reparación por los perjuicios económicos y jurídicos que, según afirman, ha ocasionado el proceso a las familias involucradas, además de un debate de control político sobre el alcance de estas actuaciones.
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Al cierre del comunicado, los campesinos señalaron que llevarán el caso ante instancias internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que podrían estar siendo vulnerados sus derechos como población campesina.
Hasta el momento de la emisión del comunicado, el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras no habían emitido un pronunciamiento específico sobre las denuncias relacionadas con Palmor.
