Me pregunto si en Colombia —este país del nunca jamás— algún día aprenderemos que la paz no se decreta, no se refrenda a las malas, no se firma para la foto y mucho menos se improvisa desde los escritorios de Bogotá.
En 2016 la discusión era si el Congreso podía refrendar un acuerdo de paz que el pueblo, en plebiscito, había rechazado. En ese momento la pregunta era incómoda: ¿puede una democracia acudir al pueblo, perder en las urnas y luego buscar otro camino para llegar al mismo resultado? Hoy, casi diez años después, la pregunta es aún más dura: ¿puede un Estado hablar de paz desde las grandes ciudades mientras en los territorios se fortalecen los grupos armados, se amenaza a los campesinos, se incumplen promesas estructurales y se vuelve a poner sobre la mesa la idea de una Asamblea Nacional Constituyente cada vez que el poder político no logra pasar sus reformas?
Colombia parece condenada a repetir sus propias trampas. Hace un tiempo se nos dijo que había que refrendar la paz por cualquier vía porque el fin justificaba el método. Hoy se nos dice que hay que cambiar la Constitución porque el Congreso no deja gobernar. Ayer el problema era el plebiscito. Hoy el problema es el Legislativo. Mañana, seguramente, el problema será la Corte, la Registraduría, la oposición, la prensa o cualquier institución que no se arrodille ante el proyecto político de turno.
La paz, como derecho y deber de obligatorio cumplimiento, no puede convertirse en comodín retórico. La paz no es una frase para discursos de plaza pública ni una excusa para debilitar los controles institucionales. La paz exige verdad, justicia, reparación, seguridad, presencia estatal con instituciones serias y, sobre todo, cumplimiento. Sin eso, se vuelve propaganda. Y la propaganda, por más bonita que suene, no protege a un líder social, no devuelve una tierra, no desactiva una mina, no frena una extorsión y no garantiza que un campesino pueda quedarse en el predio que el propio Estado le reconoció.
El Acuerdo de 2016 tuvo avances: abrió espacios políticos, creó una jurisdicción transicional, permitió la dejación de armas de las antiguas Farc y puso en el centro temas históricamente aplazados como la Reforma Rural Integral. Pero tampoco se puede negar lo evidente: la implementación ha sido lenta, fragmentada y profundamente desigual. En muchas regiones la paz llegó como documento, pero no como Estado. Llegó como promesa, pero no como carretera. Llegó como acta, pero no como seguridad. Llegó como discurso, pero no como garantía real de no repetición.
Ese es el verdadero país del nunca jamás: nunca se cumple del todo, nunca se responde por completo, nunca se llega a tiempo, nunca se protege suficientemente a quienes ponen el cuerpo en los territorios.
La llamada paz total pretendió ampliar el horizonte de negociación con otros actores armados. La idea, en abstracto, podía sonar generosa; pero, en la práctica, dejó una lección amarga: negociar sin reglas claras, sin líneas rojas, sin capacidad de contención y sin protección efectiva de las comunidades puede terminar fortaleciendo a quienes deberían estar sometidos al Estado. Una cosa es dialogar para desactivar la violencia; otra, muy distinta, es permitir que los violentos ganen tiempo, territorio, economía ilegal y control social.
Colombia no puede seguir confundiendo paz con permisividad. Tampoco puede confundir seguridad con venganza. Ese falso dilema nos ha hecho mucho daño. La paz necesita autoridad legítima, y la seguridad necesita límites constitucionales. Sin Estado de derecho, la paz se vuelve ingenuidad. Sin derechos humanos, la seguridad se vuelve abuso. El reto consiste precisamente en no caer en ninguno de los dos abismos.
Por eso resulta preocupante que, otra vez, algunos sectores pretendan presentar una Asamblea Nacional Constituyente como si fuera la llave maestra de todos los males. La Constitución de 1991 no es perfecta, pero no ha sido el obstáculo principal de Colombia. El obstáculo ha sido la incapacidad de cumplirla.
