La comunidad expresó a EL INFORMADOR su preocupación por las implicaciones que podrían tener los procesos de reconocimiento de territorios colectivos indígenas sobre la propiedad privada, el turismo y la economía local. Además, solicitó una mesa de diálogo y mayor claridad por parte de las autoridades.
La Junta de Acción Comunal (JAC) de Taganga hizo un llamado al Concejo Distrital de Santa Marta y a las autoridades nacionales para que garanticen la seguridad jurídica, la participación ciudadana y el acceso a información oficial frente a los procesos relacionados con el reconocimiento de territorios colectivos indígenas que podrían impactar al corregimiento.
A través de un pronunciamiento público, la organización comunal manifestó que, aunque reconoce y respeta los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, considera indispensable que también se protejan los derechos adquiridos por cientos de familias que durante décadas han habitado el territorio y desarrollado actividades económicas de buena fe.
Según la Junta de Acción Comunal, la incertidumbre se ha incrementado por iniciativas sustentadas en la Escritura Colectiva de 1873, el Decreto 2164 de 1995 y las disposiciones sobre la Línea Negra contempladas en el Decreto 0514 de 2026, documentos que, aseguran, podrían tener implicaciones sobre predios, viviendas, establecimientos comerciales y proyectos turísticos.
Preocupación por la propiedad privada y la economía local
Entre las principales inquietudes expuestas por la comunidad se encuentra la posibilidad de que las reclamaciones territoriales afecten la propiedad privada, así como la inversión y el desarrollo económico del corregimiento.
La JAC sostuvo que Taganga ha consolidado su economía alrededor de la pesca artesanal, el turismo, el comercio y la prestación de servicios, actividades de las que dependen cientos de familias.
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Asimismo, solicitaron que las autoridades socialicen los estudios históricos, jurídicos, antropológicos y técnicos que sustentan cualquier proceso de reconocimiento territorial, con el propósito de brindar información clara y evitar rumores que puedan generar conflictos sociales.
Otro de los puntos planteados hace referencia a la participación ciudadana. La Junta considera que ninguna decisión relacionada con el territorio debería adoptarse sin la presencia de la organización comunal y de los distintos sectores sociales y productivos del corregimiento.
Solicitan mesa técnica y control político
Dentro del documento entregado a los concejales, la comunidad pidió la realización de una sesión especial de control político sobre la situación territorial de Taganga y la creación de una Mesa Técnica de Diálogo con participación del Concejo Distrital, la Alcaldía de Santa Marta, representantes de la Junta de Acción Comunal, gremios hoteleros y comerciales, pescadores, comunidad residente, representantes indígenas y entidades nacionales competentes.
También solicitaron garantías institucionales para proteger los derechos adquiridos por los habitantes y claridad sobre el alcance jurídico de las normas que respaldan las reclamaciones territoriales.
Anuncian movilización ciudadana
En declaraciones entregadas a este medio, Lilybell Cantillo Cantillo, integrante de la comunidad, aseguró que la preocupación comenzó tras el reconocimiento de un cabildo indígena en Taganga en 2020 y afirmó que algunos habitantes consideran que las reclamaciones territoriales podrían afectar la permanencia de familias que llevan generaciones viviendo en el corregimiento.
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La vocera señaló que la comunidad no pretende desconocer los derechos de los pueblos indígenas, sino que busca que exista un equilibrio entre esos derechos y los de quienes poseen propiedades o desarrollan actividades económicas en el territorio.
Además, anunció la realización de una marcha ciudadana, con la que esperan visibilizar la situación y solicitar al Gobierno Nacional una revisión de las decisiones relacionadas con el reconocimiento de territorios colectivos, al considerar que estas podrían generar consecuencias jurídicas para poblaciones asentadas desde hace décadas.
Finalmente, la Junta de Acción Comunal reiteró que su propósito no es generar confrontaciones, sino promover un proceso de diálogo institucional que permita brindar seguridad jurídica, transparencia y garantías para todos los sectores involucrados.
