La alta corporación confirmó las medidas cautelares solicitadas por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha y ordenó a la CREG adoptar acciones inmediatas para corregir factores que incrementan el costo del servicio de energía en la región.
El Consejo de Estado confirmó las medidas cautelares decretadas dentro de la acción popular interpuesta por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, con el propósito de proteger los derechos de millones de usuarios del servicio de energía eléctrica en la región Caribe y avanzar hacia un esquema tarifario más equitativo.
La decisión representa un nuevo paso en la discusión sobre el alto costo del servicio de energía en la Costa Caribe, problemática que durante los últimos años ha generado múltiples reclamos por parte de ciudadanos, autoridades locales y gremios económicos.
La acción popular fue presentada con el objetivo de salvaguardar los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos domiciliarios, garantizando que estos sean prestados de manera eficiente, continua y oportuna, así como proteger los derechos de los consumidores frente al constante incremento de las tarifas de energía.
En su fallo, el alto tribunal confirmó las medidas cautelares que habían sido decretadas previamente por el Tribunal Administrativo del Atlántico, aunque modificó la orden inicialmente impartida al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), fortaleciendo las obligaciones que deberán cumplir las entidades para buscar una solución estructural al problema tarifario.
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Consejo de Estado advierte afectación a los derechos colectivos
En la providencia, el Consejo de Estado concluyó que existe una amenaza cierta e inminente sobre los derechos colectivos de los usuarios del Caribe colombiano, al evidenciar que las tarifas de energía registraron una tendencia creciente, especialmente entre los años 2021 y 2022.
De acuerdo con el análisis realizado por la corporación, uno de los principales factores que ha impulsado el aumento en el costo del servicio corresponde al componente tarifario asociado a las pérdidas de energía, situación agravada por el incremento del Índice de Pérdidas Totales (IPT).
El tribunal explicó que este comportamiento está relacionado con el déficit de inversión en infraestructura eléctrica, lo que ha impedido reducir de manera efectiva los costos asociados a las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema.
Además, advirtió que esta situación ha tenido un impacto directo sobre la economía de los hogares caribeños, incrementando la carga económica de las familias y contribuyendo al aumento de los índices de pobreza monetaria en la región.
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Las medidas que deberá implementar la CREG
Como parte de la decisión judicial, el Consejo de Estado ordenó que, dentro de las actuaciones administrativas que actualmente adelanta la CREG, se adopten acciones inmediatas para enfrentar las causas que han elevado las tarifas de energía.
Entre las medidas ordenadas se encuentran:
- Modernizar la infraestructura eléctrica.
- Fortalecer los sistemas de medición del consumo.
- Prevenir el fraude y las conexiones irregulares.
- Verificar que las pérdidas reportadas por los operadores correspondan a la realidad.
- Reducir efectivamente el componente de pérdidas dentro de la fórmula tarifaria.
- Garantizar que el comportamiento de las tarifas en la región Caribe sea proporcional al promedio nacional.
Con estas disposiciones, el alto tribunal busca que los factores que actualmente encarecen el servicio sean corregidos y que los usuarios puedan acceder a un sistema tarifario más equilibrado.
Personería de Santa Marta hará seguimiento al cumplimiento
Tras conocerse la decisión, la Personería Distrital de Santa Marta destacó que el fallo constituye un respaldo a la defensa de los derechos colectivos de los ciudadanos y un avance importante en la búsqueda de tarifas de energía más justas para los habitantes del Caribe colombiano.
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La entidad reiteró que continuará ejerciendo las acciones constitucionales y legales necesarias para proteger a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y anunció que realizará seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas por la jurisdicción contencioso administrativa.
El objetivo, indicó la Personería, será verificar que las medidas ordenadas por el Consejo de Estado se traduzcan en beneficios concretos para la ciudadanía y contribuyan a aliviar el impacto económico que durante los últimos años han soportado los usuarios del servicio de energía en la región.
