Autoridades advierten que la cartera pendiente, cercana a los 500 mil millones de pesos, compromete la estabilidad financiera de los hospitales públicos y pone en riesgo la continuidad de la atención en salud para miles de usuarios.
La creciente deuda que varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) mantienen con la red pública hospitalaria llevó a la administración departamental a declarar el estado de máxima alerta en el sistema de salud del Magdalena.
De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, las obligaciones pendientes alcanzan cerca de 500 mil millones de pesos, recursos que corresponden a servicios ya prestados por los hospitales y que aún no han sido cancelados. El panorama afecta directamente la capacidad financiera de las instituciones para responder a las necesidades de los usuarios y garantizar la operación diaria.
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Hospitales enfrentan dificultades financieras
Según la Gobernación, la mayor parte de la cartera vencida está concentrada en unas pocas EPS, situación que ha incrementado la presión sobre los hospitales públicos del Magdalena. En total, son 26 instituciones las que enfrentan dificultades para sostener su funcionamiento debido a la falta de flujo de recursos.
Las autoridades departamentales advirtieron que este panorama no solo limita la adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos, sino que también repercute en el pago oportuno del personal asistencial y administrativo, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema de salud en el territorio.
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Piden acciones urgentes
Ante este escenario, la administración solicitó la implementación de medidas inmediatas que permitan recuperar la cartera adeudada y garantizar la sostenibilidad de la red hospitalaria. Asimismo, propuso la instalación de una mesa de trabajo en la que participen las EPS involucradas, sus agentes interventores, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de definir soluciones que permitan superar la crisis.
Mientras continúan las conversaciones con las entidades responsables, la administración departamental deberá seguir adelantando acciones para proteger el funcionamiento de los hospitales públicos y garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud para la población magdalenense.
