Desde el fenómeno de la violencia en Colombia, me convenzo cada vez más de que la democracia en este país no ha sido ajena a este flagelo. Ha sido su escenario, su coartada, y muchas veces su instrumento. Por supuesto, no ha destruido la democracia colombiana; pero la ha moldeado a su imagen, la ha hecho funcionar bajo lógicas de exclusión, represión y miedo, sin que ello parezca escandalizar a las élites ni sacudir las estructuras de poder.
Existe una tendencia persistente a presentarla como una anomalía, como una interrupción momentánea del orden institucional. Pero la lectura histórica y empírica de la realidad colombiana demuestra lo contrario: ha estado allí desde el principio, organizada, legitimada, y en muchos casos articulada desde el propio Estado o desde quienes detentan el poder local. No se trata de estallidos incontrolables, sino de procesos profundamente racionales, con motivaciones políticas, sociales, económicas y simbólicas.
En el pasado, la violencia política fue instrumentalizada como herramienta de limpieza ideológica y disciplinamiento social. Los partidos no solo competían en las urnas, también lo hacían a machete, fusil y fuego. La justicia, en lugar de ofrecer garantías, se volvió cómplice de la impunidad. Y los territorios rurales, alejados de toda institucionalidad efectiva, quedaron entregados a lógicas de venganza, retaliación y exterminio. Lo más trágico no fue solo el número de muertos, sino la ruptura del tejido social, la pérdida de confianza en la palabra y en la ley.
Pero no se detuvo ni desapareció. Cambió de forma, se urbanizó, se volvió más sofisticada, más fragmentada, más difícil de identificar y más fácil de normalizar. Las dinámicas de control territorial, la violencia contra líderes sociales, la criminalización de la protesta, el desplazamiento forzado y la represión selectiva siguen actuando como formas de gobierno y no como fallas del sistema. La democracia funciona, sí, pero con un silencioso pacto de tolerancia hacia la violencia estructural.
Las instituciones actúan, muchas veces, no para proteger al ciudadano, sino para mantener un equilibrio precario entre poderes formales e informales. En algunos territorios, el Estado es apenas una fachada: lo que opera en la práctica es una alianza implícita entre actores armados, autoridades locales y redes económicas. En otros, la represión estatal no responde a una amenaza real, sino al deseo de mantener el control social bajo la apariencia de legalidad.
Esa es la democracia que tenemos: funcional en sus procedimientos, pero profundamente erosionada en su legitimidad. Una que permite votar, pero no garantiza derechos. Que reconoce libertades, pero persigue su ejercicio cuando resulta incómodo. Que habla de paz, pero tolera el exterminio de quienes proponen modelos alternativos de sociedad.
Por lo anterior, llego a una conclusión que puede parecer dura, pero que considero ineludible: la violencia ha sido una tecnología de poder en Colombia. No es simplemente el fracaso de la política, sino una forma de hacer política. No es solo ausencia de Estado, sino exceso de un tipo de Estado: punitivo, excluyente, autoritario en sus márgenes y complaciente en su centro.
Superar esta realidad no será posible mientras se siga hablando como si fuera externa a las instituciones democráticas. El primer paso es reconocer que nuestras instituciones están atravesadas por la historia de la violencia, que la han administrado, la han negado y, en muchos casos, la han reproducido. El segundo paso es escuchar a quienes la han vivido no como noticia sino como condición de existencia. Y el tercero, quizá el más difícil, es asumir una transformación radical del pacto social: uno que no se base en la obediencia al poder, sino en la dignidad compartida.
Para concluir, la democracia colombiana necesita más que reformas: necesita memoria, verdad, justicia, y, sobre todo, voluntad política para renunciar a la violencia como método y como horizonte. Solo entonces podremos hablar, con algo de honestidad, de paz. Y no de cualquier paz, sino de una paz con justicia, con tierra, con verdad, y con un Estado que no llegue tarde, ni solo, ni armado.
