La historia de Colombia nos muestra que una de las raíces más profundas de nuestro conflicto armado ha sido la desigualdad en la repartición y propiedad de la tierra.
Por esta misma razón, el punto 1 del Acuerdo de Paz de 2016, conocido como la Reforma Rural Integral (RRI), nació como una gran esperanza: la de transformar de fondo el campo colombiano, democratizar la tierra y construir, por fin, una paz real y duradera.
Sin embargo, cuando bajamos de las leyes a la vida real en regiones como Urabá, Córdoba, Sucre, Magdalena o La Guajira, nos estrellamos con una fractura enorme entre lo que promete la norma y lo que realmente pasa. En territorios que ya han sufrido el desgarro del desplazamiento forzado, repartir la tierra sigue siendo casi imposible porque el Estado no tiene la capacidad suficiente para garantizarles a las comunidades campesinas el disfrute real de sus derechos.
Aunque se creó el Fondo de Tierras para darles prioridad, en la práctica, la Agencia Nacional de Tierras funciona como una ventanilla pasiva. Es decir, esperan que los campesinos lleguen con toda la información, el conocimiento técnico y el dinero necesario para empujar por su cuenta trámites complejísimos. Esto solo levanta muros, genera desinformación, apaga la participación de la comunidad y siembra una desconfianza cada vez mayor hacia las instituciones. A esto hay que sumarle: lo lentos que son los trámites, las visitas técnicas que se hacen de forma arbitraria, la falta de respuestas claras sobre cómo van los procesos.
Todo esto crea un ambiente de inseguridad que le roba la tranquilidad a la gente y convierte al campesino en un sujeto pasivo frente a la burocracia. Entregar la tierra no puede ser solo firmar un papel; garantizar este derecho exige darles a las personas las condiciones reales para que puedan vivir y trabajar en ella.
Mientras tanto, darle a un campesino un título de propiedad sin apoyo es entregarle un formalismo vacío. El Estado comete un error gravísimo al creer que la adjudicación es la meta final, cuando en realidad las familias necesitan: Infraestructura y vías terciarias, acceso a agua potable, asistencia técnica y crédito rural.
El título de propiedad es apenas el primer paso del compromiso que tiene el Estado para asegurar que estas familias puedan quedarse en su territorio viviendo de manera digna y sostenible. Esta falta de apoyo ha obligado a los campesinos a desgastarse en juzgados, exigiendo derechos que ya les habían reconocido. Las acciones de tutela, los plantones frente a los juzgados, los interminables derechos de petición y los desacatos son el reflejo triste de un sistema desconectado.
En muchos casos, incluso después de que un juez ordena restituirles sus tierras, las familias tienen que empezar nuevos pleitos legales para que les reconstruyan sus casas, les entreguen de verdad la finca o les den lo mínimo para poder regresar. Esto es una revictimización administrativa: de nada sirve tener la razón en el papel si no se puede vivir en la realidad. Por eso, la Reforma Rural Integral tiene que dejar atrás el formalismo jurídico.
Insisto en una idea fundamental: el éxito de esta reforma no se puede medir solo contando cuántas hectáreas se entregaron o cuántos títulos se imprimieron.
Su verdadero triunfo se verá cuando el Estado demuestre que es capaz de garantizar que las familias campesinas puedan vivir en sus tierras seguras, con lo necesario para subsistir y con verdaderas oportunidades para salir adelante. Solo así, esta reforma dejará de ser una promesa en papel y se convertirá en la base de una paz territorial sostenible y de una justicia social auténtica para todos los campesinos despojados y desplazados de Colombia.
Columna de Opinión
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