Conducir por las “carreteras” nacionales es todo un desafío; todavía encontramos algunas vías que atraviesan poblaciones cuyas construcciones, casi siempre ventorrillos, están a pocos metros de las calzadas; también nos topamos con sorpresivos resaltos antitécnicos cuya marcación desapareció hace siglos; el huequerío decora muchas vías, inclusive en varias de las principales. Como contraparte, cobran peajes abusivos con distancias muy cortas entre ellos; pagamos por autódromos y nos ofrecen trochas en muchas vías importantes.
Entre Santa Marta y Barranquilla hay dos peajes, $ 16.400 cada uno; utilizar el corredor portuario implica desprenderse de $17.200 más: así, un trayecto en automóvil particular puede costar $50.000 (USD 12,5), impensable en cualquier otro país. En varios estados de México no cobran peajes, en España hay autovías sin portazgos y la interestatal I-95 entre Miami y Orlando no tiene cobros. Hablamos de magníficas vías con mantenimiento adecuado.
El tránsito por nuestras carreteras trae grandes desafíos: deficiencias estructurales y de diseño, construcciones y mantenimientos deficientes, congestión vehicular, tránsito de vehículos inadecuados, mala demarcación y otros problemas; más allá de los peajes abusivos e ilegales en algunos casos, estos problemas afectan la calidad de vida de quienes deben salir a estos remedos de autopistas, que afectan el desarrollo territorial y la competitividad. Se supone que el recaudo por peajes debe garantizar vías adecuadas, operación y mantenimiento. Se supone…
El transporte público parece deficiente e insuficiente; según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2023 hubo 1252 víctimas entre fallecidos y lesionados en accidentes que involucran a vehículos de transporte público, un incremento del 10,21% con respecto de 2022. La tasa de mortalidad en carreteras se sitúa en 15,41 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Se estima que, entre la falta de mantenimiento vial, irresponsabilidad (velocidades excesivas), fallas mecánicas (problemas de mantenimiento) y condiciones climáticas adversas, se genera la gran mayoría de estos siniestros. Agreguemos la deficiente construcción (si es que existe) y mantenimiento de vías rurales, mala señalización, falta de drenaje o construcciones lentas, inconclusas o de pésima calidad (corrupción), crecimiento caótico del parque automotor, vehículos públicos en deficiente estado (revisión técnico-mecánica: frenos, llantas, luces, etc.), conductores imprudentes, empresas abusivas (microsueños por largos horarios nocturnos o diurnos extendidos) y, lo más importante, falta de control institucional (vigilancia deficitaria en las vías nacionales), además de “infracciones” imaginarias impuestas por algunos agentes. Transite usted en una autovía y quizás encuentre una larga línea amarilla que le impide adelantar a un camión de carga que va a, por ejemplo, a 50 kph, no hay ningún vehículo que impida el sobrepaso; si usted lo pasa, al final de la recta encontrará una fotomulta inmerecida.
Sí; tenemos normas muy detalladas como el Código Nacional de Tránsito Terrestre que entre sus disposiciones menciona la “seguridad vial”, otras leyes que definen principios y políticas de infraestructura, que hablan de los límites de velocidad (frecuentemente inapropiados) o disposiciones sobre seguridad vial, transporte público y carga. Normas muy completas, relativamente recientes que buscan garantizar una moderna y segura movilidad: pero, del dicho al hecho… Colombia pierde más de 12 billones/año por congestión vehicular urbana; la ingente contaminación proviene de vehículos obsoletos y congestión prolongada, con afectación a las empresas propietarias de los vehículos (más combustible, peajes frecuentes y otros costos, vías en mal estado, etc.), y desigualdad territorial (las zonas rurales tienen menor acceso a un transporte seguro y eficiente).
¿Las soluciones? Movilidad multimodal, mejoría de la infraestructura vial, peajes adecuados (precio y frecuencia), con implementación completa y urgente del Plan Nacional de Infraestructura, tecnología y sistemas inteligentes integrados (sensores, cámaras, semáforos, etc.) para gestión del tráfico basado en sistemas de transporte inteligente, educación vial y cultura ciudadana. Debe existir una integración entre las autoridades locales, regionales y nacionales, y fundamental, educación vial desde el nivel primario, con un ejercicio firme de la autoridad, habilitando a toda la policía a imponer comparendos, pero también con mejoras salariales y combate frontal a la corrupción. Cuanta falta hace la Cultura Ciudadana de Mockus.
