Uno puede mirar lo que ha pasado en Estados Unidos y encontrar ahí una lección. Desde 1787 conservan la misma Constitución, y en más de dos siglos apenas la han ajustado con unas pocas enmiendas. Eso, más allá de sus contradicciones, les ha dado una base institucional sólida, que ha resistido crisis, guerras, y hasta presidentes problemáticos. En Colombia, en cambio, llevamos al menos seis Constituciones: 1830, 1853, 1858, 1863, 1886 y la del 91. Y muchas veces no las cambiamos por evolución, sino por ruptura. No por acuerdos colectivos, sino por imposiciones de élites o por salidas desesperadas ante conflictos. Y cuando uno mira lo que pasó en Venezuela, la advertencia es clara: allá, el primer paso para desmontar la democracia fue convocar a Asamblea Nacional Constituyente para arrasar con su Constitución. Después de eso, todo fue cuesta abajo.
Entonces, uno se pregunta: ¿de verdad tiene sentido desmontar una Constitución como la del 91, que no solo es joven, sino que representa un avance inmenso en términos de derechos y garantías? A mí me parece que no. No es el texto lo que está fallando, es nuestra incapacidad de cumplirlo. El problema no está en la letra, sino en la distancia que hay entre lo que dice y lo que se hace. En esa brecha entre lo prometido y lo vivido, entre los principios escritos y la voluntad política para convertirlos en realidad.
Por eso, más que lanzarnos a redactar una nueva Constitución, lo que realmente necesita Colombia es cumplir con lo que ya está escrito. Dignidad, justicia social, democracia participativa y derechos fundamentales no son solo palabras bonitas: son compromisos asumidos ante el país, y romperlos cada vez que hay un cambio de gobierno no habla de madurez democrática, sino de una institucionalidad frágil y oportunista. Pretender refundar el Estado cada tanto no fortalece la democracia, la debilita. Puede abrir la puerta al abuso del poder, al olvido de la historia constitucional y a la erosión de principios que deberían ser sagrados.
Porque la dignidad no se escribe desde cero. No necesita ser reinventada. Necesita, simplemente, ser respetada, defendida y hecha realidad para millones de colombianos que siguen esperando que lo que prometió la Constitución del 91 deje de ser letra muerta.
Puedo sentir un profundo recelo frente a la idea de una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Gustavo Petro. Es una desconfianza legítima que nace de hechos concretos: su gobierno ha estado rodeado de escándalos, de manejos cuestionables de los recursos públicos, de marchas organizadas con fines más propagandísticos que ciudadanos. Y, para ser sincero, también me inquietan las versiones que circulan —y que nunca han sido desmentidas de forma contundente— sobre su estado personal, su cercanía con el alcohol y otras sustancias. Todo eso configura un panorama que no genera la confianza mínima necesaria para pensar en cambiar la Constitución.
No puedo confiar en un proyecto de cambio de Constitución tan serio si quienes lo impulsan son los que hace años denunciaba Petro como parte del problema, y que hoy ocupan posiciones clave en su administración. Me preocupa que detrás del discurso del cambio se esconda un intento por debilitar pesos y contrapesos institucionales, acomodar las reglas del juego o perpetuar un modelo de poder que no nos representa. En este momento, una reforma constitucional no se siente como una promesa de futuro, sino como una amenaza al ya frágil equilibrio democrático que tenemos.
Para concluir, la historia enseña que una Asamblea Nacional Constituyente puede tener un inicio claro, pero nunca garantiza cómo terminará. Y cuando lo que está en juego es la dignidad humana, la democracia y la libertad no se puede actuar con ligereza, ni mucho menos improvisar. No se refunda una nación al vaivén de intereses coyunturales. El pacto de 1991 merece ser respetado, defendido y llevado a la realidad, no reemplazado por una aventura incierta.
