La firma del Acuerdo Final entre el Gobierno de Colombia y las FARC en 2016 fue presentada como una conquista histórica en favor de la paz, de la reconciliación y de los derechos humanos. Sin embargo, lejos de consolidar una justicia sólida, abrió grietas profundas en el Estado de Derecho y en el principio de reparación.
La Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ya había establecido un marco digno para reconocer los derechos de quienes sufrieron los rigores del conflicto armado. El Acuerdo de La Habana, en teoría, reforzaría ese camino. No obstante, en la práctica, lo que se impuso fue un modelo de justicia diseñado para satisfacer a los antiguos combatientes.
La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue el eje de ese modelo. Un tribunal excepcional, ideado en tiempos de negociación secreta, ajeno a los mecanismos ordinarios de deliberación democrática y control constitucional robusto. La justicia restaurativa fue presentada como fórmula innovadora, pero en la práctica sirvió para otorgar beneficios desproporcionados a quienes cometieron crímenes atroces.
La noción de justicia prospectiva, esgrimida para justificar penas simbólicas y sanciones alternativas, terminó funcionando como coartada para legitimar la impunidad. Se privilegió el discurso del perdón colectivo sobre el derecho de las víctimas a una reparación integral y a un castigo efectivo de los victimarios. Se confundió el interés por la paz con la indiferencia ante el daño irreparable que sufrieron miles de colombianos.
A nivel institucional, el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, conocido como Fast Track, fue otro retroceso evidente. En nombre de la urgencia, se redujeron debates, se restringió el control constitucional y se impuso una agenda normativa basada exclusivamente en la implementación de los compromisos de La Habana, subordinando el principio de soberanía popular a las necesidades políticas del momento.
Por otro lado, el Acuerdo concentró su atención en el desarme de un solo actor armado —las Farc— sin enfrentar con la misma determinación otras fuentes de violencia. Mientras transitaban hacia la vida política, la violencia en los territorios mutaba, continuando su asedio a las comunidades más vulnerables.
Es necesario afirmar que la verdadera paz exige justicia real, y no concesiones políticas camufladas de humanismo. La dignidad de las víctimas no puede negociarse en mesas de diálogo a puerta cerrada ni sacrificarse en aras de acuerdos políticos que no transforman las raíces de la violencia. Por eso creo que la paz que se firmó fue, en esencia, parcial, frágil y desconectada de la realidad social del país.
Mientras tanto, el Estado de Derecho es la primera garantía para evitar nuevas guerras y nuevas víctimas. Renunciar a su rigor, en nombre de una paz superficial, no solo perpetúa la impunidad: también siembra las condiciones para que la historia vuelva a repetirse, con nuevos actores y nuevas tragedias.
De hecho, el plebiscito fue más que un acto político: fue una advertencia temprana. Muchos ciudadanos, lejos de ser enemigos de la paz, vislumbraron los peligros de un acuerdo que sacrificaba la justicia, relativizaba la verdad y legitimaba a los victimarios sin reparar plenamente a las víctimas. No fue un rechazo a la anhelada paz, sino una defensa del Estado de Derecho, de la dignidad de quienes sufrieron y de los principios fundamentales que no deben ser negociados.
Hoy, las víctimas que padecieron el horror de las Farc suplican, todavía, por una verdad que no llega completa y por un resarcimiento que permanece incompleto o simplemente negado. La promesa de una reparación integral se ha transformado en un eco distante que contrasta cruelmente con la velocidad con la que se reconocieron derechos políticos a los antiguos victimarios. Mientras desde el Estado, la academia y ONGs se alzan monumentos a la reconciliación y a la memoria histórica en plazas y auditorios, el alma herida de las víctimas continúa clamando por un país donde su dignidad no sea utilizada como discurso, sino reivindicada como fundamento de una paz verdadera.
